Un lotero de Barcelona estafó 35000 euros para ayudar a amigos pobres

Los inspectores, que detectaron irregularidades dos semanas antes del cierre cautelar de la administración, observaron el fraude a finales de julio de 2008, y a partir de ese momento, el acusado Dionisio Alfonso D. abonó parte de la deuda --unos 9.000 euros--, con lo que debe aproximadamente 26.000.

El acusado, que hacía solo 10 meses que era administrador, ha argumentado que su intención era que los supuestos amigos a quien había prestado el dinero se lo devolvieran, para así pagar la deuda durante la Navidad, pero, según ha explicado, no la pudo pagar porque le inhabilitaron y no encontró trabajo.

El fiscal ha mantenido durante el juicio la acusación por un delito de malversación ya que entiende que queda acreditado que actuó "con ánimo de lucro", y al considerar que su cargo se equipara al de un funcionario porque gestionaba un dinero público que tenía que ser ingresado en las arcas del estado.

Tanto Fiscalía como acusación particular han recriminado la estrategia de la defensa de alegar que el acusado dejó el dinero a terceros, y de que no fue en beneficio propio, al evidenciar que no hay documentos, como denuncias y recibos, que lo acrediten.