Los jueces se ponen en guardia ante la anunciada reforma del Poder Judicial

Para el portavoz de la APM, Antonio García, el primer paso del Gobierno para rescatar el Estatut tras la sentencia del Tribunal Constitucional resulta «incomprensible» y «extremadamente preocupante». «Esto es un intercambio de cromos», dice tajante. Para la asociación mayoritaria de jueces, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, lejos de «dar ejemplo de acatamiento» a la resolución del TC, «lo que intenta es regatear la sentencia con unas ideas difícilmente asumibles». Para García resulta paradójico que sea el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el encargado de impulsar esas reformas «cuando antes de conocerse el fallo se aburrió de repetir que el Estatut era plenamente constitucional». Con estos antecedentes, el magistrado insiste en que la asociación que representa «no tiene ningún motivo para fiarse del Gobierno ni del actual ministro de Justicia».

«Lo que ha dicho el Constitucional respecto al Poder Judicial es absolutamente nítido: las comunidades autónomas no tienen posibilidad de disponer de un Poder Judicial propio», recalca. «A lo máximo que podrían aspirar –añade– es a determinadas fórmulas de desconcentración, que por otro lado ya existen con las Salas de Gobierno de los tribunales superiores de Justicia, pero eso no es lo que quieren los nacionalistas».

En cuanto a la posibilidad de reformar la casación, la APM alerta de que se correría «un gravísimo riesgo si el papel unificador del Tribunal Supremo se ve mermado, además de que se estaría incurriendo en una posible inconstitucionalidad».

Respecto a este asunto, Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, hace hincapié en que «a pesar de lo que diga el Gobierno», la sentencia del Tribunal Constitucional deja claro que el «único órgano de gobierno del Poder Judicial» es el CGPJ, «ya que así lo determina la Constitución, por lo que ni siquiera una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial puede habilitar al consejo autonómico catalán». Sí podría existir, asegura, «un consejo catalán de justicia pero con competencias residuales».

La reforma de la casación sí podría hacerse por ley orgánica, mantiene, aunque «sin limitar la capacidad del Tribunal Supremo para unificar doctrina, un papel que recoge la Constitución».

El PP sale en defensa del fallo del Estatut
- La portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que su partido defenderá la unidad e independencia del Poder Judicial, así como la sentencia del TC sobre el Estatut. Sáenz de Santamaría indicó en la Cope que Zapatero apoyó el Estatut para ganar las elecciones catalanas y ahora está «con todas estas estrategias para intentar no perderlas estrepitosamente». La Constitución, recordó, es una norma de obligado cumplimiento y no «una lista de sugerencias» y que cuando hay una sentencia del TC hay que acatarla y «no buscar mecanismos para intentar sortearla», informa Efe.