La Junta prejubiló al cargo del PSOE de Camas al perder las elecciones en 2003

José Antonio García Prieto, que ocupaba el cuarto puesto en las listas del PSOE, se quedó como concejal en la oposición. Previamente había tenido responsabilidades de Gobierno con los anteriores regidores: Francisco Pinto Limón y Antonio Rivas, que dejó la Alcaldía en 1999 para irse como delegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía.

Según explicó ayer García Prieto a Europa Press, ante esa situación –con 57 años y sin ingresos regulares– le pidió al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero «que lo prejubilara a título individual». Poco después, recibió una llamada de la consultora Vitalia Vida para formalizar una póliza de seguro de rentas a su favor financiada con cargo a los Presupuestos del Gobierno andaluz. El dinero provenía del «fondo de reptiles» que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Como publicó ayer LA RAZÓN, García Prieto figura en el expediente de regulación de empleo (ERE) de la empresa de Morón de la Frontera Intersur. «Ni siquiera sé dónde está o a qué se dedica», manifestó en las mismas declaraciones. Esta sociedad presentó dos ERE en 2002 y 2005. El propio Recio medió como delegado provincial de Empleo y actualmente ocupan sendos cargos en el Comité del PSOE de Camas –secretario de Política Municipal y secretario general respectivamente–. Parece difícil que Guerrero le hiciera el favor por su cuenta y riesgo, sin el consentimiento de Recio –delegado provincial– o José Antonio Viera –entonces consejero de Empleo y hoy secretario provincial del PSOE en Sevilla–.

Esta historia desvela cómo la Junta ha gestionado las ayudas sociolaborales para empresas en crisis. Entre 2001 y 2009, la Dirección General de Empleo ha dispuesto de 647 millones para gastar a su antojo, sin control parlamentario, de manera opaca través de empresas públicas y desoyendo hasta tres informes de la Intervención General en los que le instaba a cambiar el procedimiento. Hasta la fecha, se han detectado 39 intrusos en ERE pagados con fondos públicos, entre los que se han identificado ya a 6 personas relacionadas con el PSOE, que han estado cobrando dinero de la Administración autonómica de manera ilegal o que han sido colocados como «hombres de paja» para el beneficio de terceros. El PP no descarta que exista una financiación ilegal de los socialistas andaluces.

«Yo he cobrado la póliza, por supuesto, pero no figura ninguna empresa. Yo soy el tomador y el receptor y la pagadora es la Junta» esgrimió García Prieto. Una paga mensual por trabajar para el PSOE.