El Supremo pone en la cuerda floja al Gobierno

ISLAMABAD- «La Justicia ha dejado de ser una institución independiente en Pakistán para convertirse en una herramienta política», lamentó ayer el abogado paquistaní Liaqat Banuri, que consideró que la última decisión del Tribunal Supremo (TS) «está motivada por los intereses políticos del Ejército».

El Supremo acusó ayer al primer ministro paquistaní, Yusef Raza Gilani, de desacato a la autoridad judicial por oponerse a reabrir los casos de corrupción contra el presidente, Asif Ali Zardari, y otras figuras políticas. El jueves Gilani deberá responder ante la justicia y cabe la posibilidad de que pueda ser procesado y apartado de su cargo por orden de los jueces. El presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudry, puso como ultimátum ayer para que el Ejecutivo explicara las razones de su negativa a colaborar en las investigaciones judiciales contra Zardari y otros cargos públicos.

 El pasado día 10 una comisión especial de siete jueces se reunió para formular un borrador con las seis medidas que podrían adoptarse contra el Gobierno por no implementar la decisión del jefe del Supremo, que declaró inconstitucional la Ordenanza de Reconciliación Nacional (NRO, en sus siglas en inglés) en 2009.

Tras la anulación de la amnistía, que promulgó Musharraf en 2007 para aquellos líderes políticos que tuvieran cuentas pendiente con la Justicia, la Corte ordenó la reapertura de los casos en los que estaba involucrado Zardari.

El presidente paquistaní está acusado de corrupción y de malversación de fondos públicos en la época en que su mujer, Benazir Bhutto, era jefa de Gobierno y él ministro, en los años noventa. También está acusado de haber blanqueado entre 12 y 13 millones de dólares en Suiza. Zardari, conocido cómo «Mister 10%» , ya pasó once años en prisión. La primera condena, de tres años, fue entre 1990 y 1993, después de que cayera el primer Gobierno de su esposa. En octubre de 1996, cuando Benazir fue destituida de nuevo, Zardari terminó otra vez en la cárcel bajo cargos de corrupción, por ocho años y medio.

La decisión del Tribunal Supremo se produce en un momento de inestabilidad política, con otro caso judicial abierto, el escándalo conocido como «Memogate,» que está enfrentando al Gobierno paquistaní con el Ejército.

A Banuri le resulta sospechoso que, precisamente ahora, le correa prisa a la Justicia reabrir los casos de corrupción contra el presidente. «La NRO fue anulada hace dos años y se debería haber pedido entonces la implementación de la decisión judicial y no ahora que al Gobierno le queda un año para terminar su mandato», sostuvo el abogado. «Esto se debe a la próximidad de las elecciones al Senado», argumentó.