Golpe al comisariado político de ETA

La nueva dirección de esta organización, integrada por nueve personas, fue desmantelada ayer por la Guardia Civil, en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.

El tono de «confrontación» que la banda y su entorno quieren dar a un supuesto «proceso democrático», abierto con el referido comunicado, se puso de manifiesto con la reacción de la llamada «Izquierda Abertzale»: «Son tiempos de redoblar esfuerzos para forzar al Estado español a suspender la vulneración masiva de derechos en Euskal Herria».

En manos de ETA
El arresto, el pasado mes de febrero en la Normandía francesa, de Ibon Gogeascoechea, «Emile», jefe del «aparato militar», permitió la incautación del texto que servía de base para los planes. «Txinaurria Gorria» («Hormiga Roja», en euskera) era el título de la ponencia en la que se hablaba de la necesidad de «renovar» los cargos directivos de las organizaciones del entramado. En la terminología etarra, «renovar» es depurar, subrayan las fuentes consultadas.

Desde entonces, la Guardia Civil desarrolló una minuciosa investigación sobre los individuos sospechosos de ser los encargados de la misión. Han celebrado medio centenar de reuniones, no sólo entre ellos, sino otras, de carácter sectorial, en diversas poblaciones vascas y navarras. Utilizaban locales públicos para tratar de no levantar sospechas.

Al comprobar los investigadores que se habían constituido en la nueva dirección de Ekin, se decidió la detención de sus nueve integrantes, operación que, por su complejidad, requirió la participación de más de trescientos agentes.

En Guipúzcoa, fueron arrestados Ugaitz Elizarán Aguilar y Urko Asier Ayerbe Sarasola; en la localidad cántabra de Noja, Aniaiz Ariznabarreta Ibarlucea, que tiene su domicilio habitual en Eibar, pero que estaba de vacaciones; en Vitoria, Egoitz Garmendia Vera, y, en Vizcaya, Sandra Barrenechea Díez y Erika Bilbao Bárcena. En Navarra, fueron detenidos Rosa Iriarte Laset y José Aldasoro Jáuregui. El vecino de Pamplona Eneko Compains Silva fue arrestado en Cariñena (Zaragoza) cuando regresaba en autobús desde Valencia, donde había pasado unos días de descanso. Durante la captura, en Etxarri-Aranaz, de Aldasoro, su hermano Juan, miembro de la «mesa nacional» de Batasuna, protagonizó un altercado con los guardias y fue, asimismo, detenido. Se encontraba en libertad bajo fianza de 50.000 euros.

Registros en «herrikos»
Los agentes realizaron 28 registros de domicilios y locales, entre ellos dos «herriko tabernas» (sedes del entramado) y un «gaztetxe» (locales de juventudes), en los que fue localizado diverso material informático y documentación escrita.

Fuentes de la investigación consideran que el desmantelamiento total de la dirección de Ekin (algo que no se había producido desde 2001) supone «la desactivación de una organización de gran importancia para la banda, ya que se trata de la columna vertebral de la Izquierda Abertzale». Esta operación complementa, dentro del plan general de acabar con ETA y su entramado, a la realizadas contra el colectivo de abogados y aparato «H'alboka» que se ocupaba del control de los presos.

Entre las reacciones, llama la atención la de Aralar, partido que, si se cumplen los planes de la banda, debe ser «fulminado» por la coalición Batasuna-Eusko Alkartasuna. En una nota, calificó de «cruel» al Gobierno.


Usabiaga y Otegi, más cerca del banquillo
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz –sustituto de Baltasar Garzón al frente del Juzgado de Instrucción número 5– ha dado carpetazo a la investigación iniciada por su antecesor sobre Bateragune, el supuesto proyecto etarra para burlar la ilegalización de Batasuna y poder concurrir a las elecciones municipales de 2011. La decisión del magistrado acerca al banquillo al ex portavoz batasuno Arnaldo Otegi, al ex secretario general del sindicato abertzale LAB y a los otros seis procesados, a quienes imputa un delito de integración en organización terrorista.