«No queremos una guerra entre taxistas que actúe el Ayuntamiento»

Sevilla- El servicio del aeropuerto pasa por el más goloso para los taxistas. En crisis, más. Una carrera al centro garantiza unos 23 euros entre semana. El aspecto económico hace del enclave el punto más conflictivo de la ciudad para el gremio. Los incidentes, con picos de repuntes, se suceden. Los transportistas que suelen para allí se resisten a la rotación y a la llegada de más competencia. La consecuencia: ruedas pinchadas, peleas, cristales rotos. Varios conductores que prestaban servicios concertados, de hecho, han alertado de la comisión de actos vandálicos, en las últimas semanas, sobre sus vehículos y han trasladado a la Fiscalía los hechos protagonizados por una minoría del sector.

El Ayuntamiento se ha comprometido a reforzar la seguridad en el entorno del aeródromo de San Pablo, tras los incidentes de las últimas semanas, donde prestan servicio unos cien taxistas. Desde el gremio, la asociación mayoritaria, la Unión Sevillana del Taxi, aunque reclama seguridad, se desmarca de las acciones del Gobierno local, argumentando que no quiere «una guerra entre taxistas». El presidente de Unión Sevillana del Taxi, Fernando Morales, que ayer se reunión con el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), explicó que el Consistorio ha hecho un llamamiento a la calma para dar «tranquilidad» al sector y confirmó la intención del Ayuntamiento de reforzar la seguridad. «Se tomarán las medidas pertinentes», dijo Morales.

La Unión Sevillana del Taxi, según informó a LA RAZÓN de Sevilla, se desvincula de la solicitud de convocatoria de un referéndum en el gremio para votar sobre la idoneidad de establecer turnos rotatorios en el aeropuerto. En la petición registrada en el Consistorio por otro colectivo, el minoritario Foro Taxi Libre se detalla cómo el acuerdo de derogación de turnos rotatorios tomado por el Consistorio en su momento es «nulo de pleno derecho», ya que «la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales». Foro Taxi Libre considera que la ausencia de turnos «favorece» a los profesionales que prestan servicio habitualmente en esta ubicación, al punto de que acaba habiendo, de facto, paradas para un grupo limitado de taxistas.

Precisamente, el presidente de Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós, ha sido uno de los taxistas agredidos en el aeródromo. Desde principios de junio, se han producido, al menos, cinco ataques. El conflicto no sólo ha afectado a profesionales del sector, sino a clientes. Una usuaria ha denunciado a un taxista por insultarla tras preguntarle ésta dónde podía contratar un taxi concertado.

Morales informó de que «en los últimos días» no ha tenido «conocimiento» de nuevos incidentes. «A ver qué hace el Ayuntamiento, que ponga los medios», indicó, añadiendo que desde el propio gremio no se tomarán medidas porque «no queremos un enfrentamiento entre compañeros ni una guerra de taxistas».

El asunto que durante más tiempo se abordó en la reunión en el Ayuntamiento fue el de la aplicación de la Ley Ómnibus, que implica una liberalización del servicio de transportes. La nueva norma inaugura un servicio de transporte «paralelo» al de taxi con distintas reglas para las tarifas, los controles y las limitaciones territoriales. Según explicó Morales, Zoido mostró su disposición a mediar con el Ministerio para frenar «los problemas que puede acarrear». La Unión Sevillana del Taxi vio al Ayuntamiento «cercano a nuestras necesidades», por lo que se muestra «optimista».

Cámaras para vigilar el carril de taxi y bus
La Delegación de Seguridad y Movilidad estudia la implantación de las cámaras del Plan Centro, inutilizadas desde hace un año y con una comisión de investigación sin cerrar, para controlar los carriles para bus y taxi que ahora se están multiplicando por la ciudad como forma de ganar velocidad comercial en el transporte colectivo y lograr más usuarios y rentabilidad. El portavoz municipal del PSOE, Juan Espadas, celebró que aunque sea «un año tarde» se utilicen unas cámaras que «funcionan» y solicitó al Gobierno municipal que vele por su correcta utilización en términos legales.