El Gobierno recurrirá el fallo contra la «Parot» en octubre

MADRID- La Audiencia Nacional aplazó ayer hasta el próximo 10 de octubre su deliberación sobre los efectos que tendrá para los etarras a los que se ha aplicado la «doctrina Parot» la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que, el pasado julio, consideró irregular su aplicación a la etarra Inés del Río. Ese mismo día vence el plazo para que el Gobierno recurra el fallo de Estrasburgo, que ordenaba dejar en libertad «lo antes posible» a la terrorista, condenada a más de 3.000 años de cárcel.

Según las fuentes consultadas, hasta que Estrasburgo no resuelva el recurso de España, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto resolver «caso por caso» las peticiones de libertad de casi una treintena de etarras afectados por la «doctrina Parot», es decir, con los criterios fijados por el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 30 de marzo.
La sentencia del TC

El Alto Tribunal determinó que dicha doctrina (que aplica los beneficios penitenciarios condena por condena y no sobre el máximo legal de permanencia en prisión, lo que alarga la estancia en la cárcel de los afectados) no podía retrasar la fecha de excarcelación de aquellos etarras a quienes ya se había fijado, con carácter firme, el día de su salida de prisión (en aplicación del Código Penal de 1973, más favorable para los terroristas gracias a los beneficios penitenciarios que contemplaba).

Algunas de esas peticiones de libertad sobre las que debe pronunciarse ahora la Audiencia Nacional han sido presentadas, precisamente, por varios etarras a los que el Constitucional no concedió el amparo.

Pese a la resolución del TEDH, Del Río permanece en prisión, ya que el Ejecutivo dejó claro que no la liberaría hasta tener un pronunciamiento definitivo de la Gran Sala del Tribunal sobre esa materia. En un principio, la Abogacía del Estado tenía previsto interponer el recurso en la segunda quincena de septiembre, pero finalmente lo presentará la primera semana de octubre, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Ministerio de Justicia. De esta forma, los Servicios Jurídicos del Estado lo formalizarán sólo unos pocos días antes de que se agote el plazo.

Contradice la jurisprudencia
El Gobierno considera, tal como señaló a LA RAZÓN el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que Estrasburgo no tuvo en cuenta las resoluciones del Tribunal Supremo y del Constitucional, y que, además, «no ha considerado, cosa que sí hicieron tanto el Supremo como el TC, la legitimidad que en la lucha contra el terrorismo corresponde a un Estado democrático de Derecho como es el español».

La Abogacía del Estado esgrimirá en su recurso, según las citadas fuentes, que existe contradicción entre la sentencia que anula la «doctrina Parot» con la propia jurisprudencia del TEDH en recursos anteriores de otros países, «donde siempre han respetado que la ejecución de sentencias es competencia exclusiva de los estados miembros».

La Audiencia Nacional ya dejó claro en agosto que cumplirá «escrupulosamente» lo que diga el TEDH cuando la Gran Sala resuelva el recurso del Gobierno. En una aclaración remitida a instancias de la Fiscalía británica –que solicitó al tribunal español información para decidir sobre la extradición del etarra Antonio Troitiño–, la Sala de Vacaciones de la Audiencia subrayó que, mientras la sentencia no sea firme, se seguirá aplicando la «doctrina Parot».

Por su parte, la Fiscalía considera esa sentencia meramente «declarativa» y deja a criterio del Gobierno su aplicación, aunque reconoce que, de forma excepcional, el TEDH «puede indicar el tipo de medida que debe ser tomada» sin dejar «ninguna elección» al Estado afectado.
Lo cierto es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en tres ocasiones en los últimos cinco meses, en cuestiones todas ellas relacionadas con el terrorismo y por demandas interpuestas por miembros de ETA o del entorno de la banda, que han provocado un malestar evidente tanto a nivel político como a nivel judicial. La última, el pasado 1 de marzo, cuando condenó a nuestro país a indemnizar con 20.000 euros a Arnaldo Otegi al considerar «desproporcionada» la condena de un año de cárcel que se le impuso por llamar al Rey «responsable de los torturadores».

Trece etarras, tras los pasos de Bolinaga
El colectivo de apoyo a los presos de ETA Herrira reclamó ayer la excarcelación de 13 presos etarras enfermos porque considera que «llevar estas situaciones al límite» no es «asumible para nadie». Así lo manifestó a los periodistas Fran Balda, portavoz de Herrira, a las puertas de la Audiencia Nacional, donde acudieron varios miembros de la plataforma de apoyo a los presos de ETA el día en el que el Pleno de la Sala de lo Penal comenzaba a analizar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que exigió la excarcelación de la etarra Inés del Río por considerar que se le aplicó la doctrina Parot de forma «irregular». El pasado martes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que ninguno de los trece presos etarras que han pedido su liberación cumple los requisitos que marca la ley para proceder a una revisión de su situación penitenciaria. Sin embargo, Balda discrepa e insistió en que existen informes de sus médicos de confianza que señalan la grave enfermedad que padecen estos reclusos, lo que para Herrira corresponde con los requisitos exigidos por la ley para excarcelarlos, informa Efe. "Lo que decimos es que llevar estas situaciones al límite nos puede llevar a encontrarnos con otro Iosu (Uribetxebarria Bolinaga) en cualquier momento y eso no es asumible para nadie. Nos hace perdedores a todos y es época de abrir la puerta de la paz", ha subrayado.