El caso «Innova» un problema más para los socialistas valencianos

VALENCIA- El caso «Innova» ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. El actual alcalde de Gandia, Arturo Torró, hizo efectiva la pasada semana su denuncia al ex primer edil del municipio valenciano, el socialista José Manuel Orengo, y al diputado del PSPV Alfred Boix por presunto fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y prevaricación. Lo hizo después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo le reclamara al Consistorio la devolución de la subvención, más intereses, de la construcción del edificio Innova.

Tal y como explicó Torró, el Ayuntamiento de Gandia, liderado en ese momento por el actual portavoz socialista de la Diputación de Valencia y persona de confianza del secretario general del PSPV, Ximo Puig, pagó 3,4 millones de euros a la empresas pública IPG para que redactara el proyecto del citado inmueble, lo construyera y lo equiparara. Algo que no ocurrió, puesto que dicha empresa no pagó al contratista y la obra no se ejecutó en su totalidad. De esta manera, basándose en estudios externos, el alcalde indicó que ese dinero público fue destinado a otros fines.

La denuncia del actual equipo de gobierno de Gandia se basa en los informes jurídicos de los bufetes de abogados de Uria Menéndez y de Leopoldo Pons Abogados y Economistas, que constatan unos hechos que podrían ser «indiciariamente constitutivos» de delito. Además de a Orengo y a Boix, afectan a otras doce personas más.

«No es posible extraer una explicación legal ni económica que justifique por qué Orengo ordenó el pago a IPG antes de que se acreditara por esta sociedad la realización de las obras, ni por qué se pagaron los equipamientos antes de construir el edificio, ni el pago de una cantidad superior a la que correspondía». En este sentido, aseguró que entre julio de 2010 y junio de 2011 no se pagó ninguna factura a la empresa que construía el inmueble, pero sí se agotaron los fondos concedidos para tal fin.

El Consistorio debe ahora devolver el préstamo del Gobierno central, sin que el proyecto del edificio Innova sea una realidad. El Ministerio de Industria remitió al Ayuntamiento una resolución de reintegro total por incumplimiento donde exige que se le devuelvan los 5,1 millones de subvención, además de casi 950.000 euros en concepto de intereses, lo que supone un total de seis millones de euros.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso, la imputación de los dos socialistas podría estar cerca. En caso de ser así, el actual líder del PSPV, cumpliendo con sus propias exigencias de apartar a los imputados populares, se vería obligado a relegarlos de sus actividades, ya que ambos ocupan cargos de responsabilidad dentro del principal partido de la oposición.