De jueces y justicia

Una de las bases esenciales del sistema norteamericano es la independencia de la justicia. La gente mira con lupa a los nuevos miembros del Tribunal Supremo, institución que en los últimos tiempos ha tumbado varias iniciativas de la administración Obama relacionadas con el derecho constitucional a llevar armas o el intervencionismo estatal. Para un cierto sector progre de la sociedad es un escándalo, pero la verdad es que el Tribunal Supremo ha aplicado meticulosamente la legislación vigente. En ese contexto, cuando relato que María Emilia Casas, la presidenta de nuestro Tribunal Constitucional, no se apartó de la causa del Estatuto catalán aunque su marido había recibido dinero de los nacionalistas catalanes por un informe, nadie puede entenderlo e incluso pronuncian expresiones irreproducibles. Es el caso de Tom, un veterano abogado sureño curtido en millares de pleitos. «¿Esa Casas es una enajenada mental?», me pregunta Tom. «No creo», le respondo. «De hecho, cuando la vicepresidenta del Gobierno la regañó en público no reaccionó como un psicópata que ni siente ni padece». «¿De verdad la vicepresidenta la riñó?». «Sí», contesto. «Hay una grabación de televisión donde se puede ver incluso lo que le dijo». Tom sacude la cabeza incrédulo. «Pero, ¿entonces en España no existe una justicia independiente? ¿Alguna vez va un juez a la cárcel?», indaga. «Bueno, en estos momentos, hay un juez de la Audiencia Nacional que tiene pendientes tres causas, pero se le ha permitido marchar a un organismo internacional como asesor». «Usted bromea», me corta Tom, «¿cómo se puede permitir que un magistrado vaya por ahí con tres causas pendientes? A propósito, ¿qué causas?». «La última está relacionada con casi un millón de dólares que obtuvo de distintas empresas españolas para dar cursos. Escribió, por ejemplo, al presidente de un banco pidiéndole dinero...». «¿Y conocía alguna causa con esas empresas?», inquiere Tom. «Sí», respondo, «y las sobreseyó». «¿Y no está en la cárcel?», pregunta ojiplático. «No», contesto. «Incluso ha recibido el apoyo de los sindicatos comunista y socialista y de otras gentes». «¿Por pedir dinero de empresas cuyas causas conoce? ¡Increíble!». «Más bien por querer averiguar si Franco está muerto», respondo. «¿Qué Franco? ¿El Generalísimo? Pero, ¿no se murió en los setenta?». «Sí», acepto, «en 1975, pero el juez quería certificar que estaba muerto y de paso procesar al franquismo». «What? Pero todos saben que Franco ha muerto!!! Y, ¿en España no tuvieron una ley de amnistía incluso para los terroristas de ETA?». «Pues sí», concedo. «¿Y este juez pretende también juzgar a esos terroristas amnistiados?». «No. A ésos no», respondo. «Pero... pero qué clase de asshole es ese juez? ¿Y aparte de los sindicatos comunista y socialista quién lo apoya?». «Hay de todo. Por ejemplo, un sujeto del que hemos sabido hace unos días que lleva ocultando datos sobre García Lorca desde hace décadas simplemente porque no encajaban con sus prejuicios». «¿Se refiere usted al poeta?», pregunta Tom perplejo. «Sí, el mismo», contesto. «¿Y qué tiene que ver García Lorca con los sindicatos y con un juez que recibe dinero de empresas a las que enjuicia?». «Más de lo que usted se piensa», respondo. «Tendrá que explicármelo porque no entiendo nada», confiesa compungido Tom. «De entrada», le digo, «le puede dar una idea de cómo está la administración de justicia en España». Tom sigue sin comprender. No es para menos.