La juez de los ERE estrecha el cerco sobre nuevos altos cargos de la Junta

Sevilla- La juez Mercedes Alaya, que investiga la presunta trama de corrupción en torno a las prejubilaciones y ayudas a empresas financiadas con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía tiene claro que «comienzan a consolidarse las bases de la presente causa». Esas «bases» a las que hace referencia en uno de los autos trasladados ayer a las partes y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, es la fórmula elegida por el Gobierno andaluz para pagar los ERE y subvencionar a sociedades cercanas al Ejecutivo y al PSOE y que la magistrada considera ilegal. El «sistema operativo» fue impulsado en 2001 y ha sido empleado durante una década, fundamentalmente por la Consejería de Empleo, pero también por otros departamentos, como el de Innovación, Ciencia y Empresa y el de Medio Ambiente. De la utilización de ese procedimiento que la instructora considera ilícito, nacen las responsabilidades penales: ayer, imputó a cinco nuevas personas –entre ellos, el ex diputado socialista en el Parlamento andaluz Ramón Díaz–, y amplió los cargos a los dos ex directores generales de Empleo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y al ex delegado provincial de esa Consejería en Sevilla, Antonio Rivas.

La nueva hoja de ruta de Alaya nace tras el atestado de fecha de 29 de mayo de 2012 de la Guardia Civil en el que se detallaba la forma de trabajar de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y en el que se concluía, entre otras cosas, que, «por lógica», el entonces consejero de Economía y Hacienda y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, debió conocer las irregularidades.

Tras la encarcelación de Francisco Javier Guerrero –director general entre 1999 y 2008– y Antonio Fernández –en la Consejería de Empleo desde 1995 a 2010–, la juez señala que se centra ahora en la «segunda época para ordenar las diligencias que sean necesarias y realizar las imputaciones que se deriven del avance de la presente instrucción».

En este sentido, además de las nuevas imputaciones, solicita los expedientes de ayudas gestionados por las consejerías de Innovación y Medio Ambiente mediante el mismo sistema: transferencias de financiación a la empresa pública Agencia IDEA, que era la que abonaba las ayudas. Avanza que estas indagaciones «pueden conducir a la imputación de otros cargos de la Agencia IDEA o de la Consejería de Innovación».

De nuevo, Alaya censura la actitud de la Junta de Andalucía, que no remite al juzgado toda la información que le requiere. Reclama todas las ayudas otorgadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa «y especificación del programa presupuestario utilizado» empleando como «caja pagadora» a la Agencia IDEA, ente autónomo al que se le transfería el dinero bajo la fórmula genérica de transferencias de financiación –destinado a gastos de funcionamiento–. Igualmente, pide otra vez el expediente completo de la subvención concedida a la empresa Hijos de Andrés Molina en 1999, sobre la que discrepó la Intervención General y en la que intervino el Consejo de Gobierno presidido entonces por Manuel Chaves.

La titular del juzgado de Instrucción 6 señala un nuevo calendario de declaraciones: el 3 de julio comparecerá al ex director general Juan Márquez; el 11 de julio, su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera; antes, el día 6, la asesora de Empleo, María José Rofa; y, por último, el 27 de julio, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

 

Nuevas imputaciones
JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS

Al director general que sustituyó a Guerrero y que estuvo en el cargo entre 2008 y 2010, se le imputa continuar con el uso del convenio de 2001 consciente de la presunta ilegalidad. Tuvo una actitud «omisiva», trató de dar «cobertura de legalidad» a subvenciones y colaboró «en la inclusión de nuevos intrusos».

Daniel Alberto Rivera Gómez
Sustituyó a Juan Márquez y ha estado en el cargo hasta la semana pasada. Creó «un nuevo diseño jurídico» con el ex consejero de Empleo Manuel Recio «con la misma ausencia en el trámite de concesión». Pagó deudas a compañías de seguros «conociendo indiciariamente la existencia de intrusos en determinadas pólizas». 

RAMÓN DÍAZ ALCARAZ
Ex asesor en la Consejería de Empleo y ex diputado socialista en el Parlamento andaluz. Se le imputa por la presunta inclusión de dos intrusos en el ERE de Calderinox; de otros dos en el de Saldauto; y de uno en A-Novo. También por su implicación en una ayuda de 450.000 euros a SAT Virgen del Espino para 8 trabajadores cuando sólo tenía 2.

ANTONIO RIVAS SÁNCHEZ
El ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla es señalado en algún atestado de la Guardia Civil como «el primer eslabón de una cadena». Los agentes ya apuntaron que participó en la inclusión de varios intrusos. La juez lo responsabiliza de otro más en la empresa Intesur, un vecino de Camas (Sevilla), localidad de la que fue alcalde.

MARÍA JOSÉ ROFA VEGA
La juez señala que «a pesar de sus intentos para que se produjera un cambio en el procedimiento a seguir ante las dudas sobre la legalidad (...), lo cierto es que ella, mano derecha de Juan Márquez, termina trabajando con las mismas herramientas aunque fuera por indicación de sus superiores». Conoció la existencia de intrusos.

Antonio Dis-Lois Ruiz
Llevaba los pagos en Empleo en la época de Guerrero. Luego pasó a la Agencia IDEA. Debió conocer «pagos sin convenio» así como «el incumplimiento de la normativa en materia de subvenciones». Presuntamente fue «uno de los promotores» de mantener el convenio de 2001, que había caducado y era «ilegal».

María Ángeles Gala Martín
Trabajó como secretaria en la Dirección General de Trabajo entre 2000 y 2009. Tramitaba «expedientes, resoluciones y órdenes de pago» y debió «presuntamente conocer la ausencia de procedimiento». Medió para que un conocido suyo y de su hermana se incluyera como intruso en el ERE de Aglomerados Morell.

Rocío Sayago Gómez
Secretaria en la Dirección General de Trabajo entre 2003 y 2011. Como Mª Ángeles Gala, tramitó expedientes y «debió conocer las irregularidades». El auto señala que la empresa Coflosur, de su marido y su cuñado, recibió 60.000 euros como ayuda directa por parte de Guerrero «presuntamente por su influencia».