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«Las cámaras siguen ahí veremos si no aparezco algún día en el YouTube»
La captación de imágenes con fines de videovigilancia es una práctica cada vez más extendida en nuestra sociedad. El problema surge cuando la búsqueda de una mayor seguridad choca frontalmente contra el derecho a la intimidad de las personas, debido al claro carácter invasivo de este tipo de sistemas.
De esa forma, el auge en la instalación de cámaras de seguridad en lugares de trabajo o viviendas ha provocado que se agudicen los conflictos entre aquellos que buscan una mayor protección y quienes tratan de proteger su intimidad.
Discusiones vecinales
Esta la situación que sufren los vecinos de muchas comunidades de nuestro país, donde la instalación de cámaras de seguridad no siempre se realiza conforme a la normativa vigente actualmente. «Varios vecinos instalaron cámaras en sus viviendas, algunas enfocando a las zonas comunes y sin ningún consentimiento por parte de la comunidad de vecinos», se queja Alfonso, vecino de una urbanización de chalets de Madrid. «Una incluso apuntaba a la calle donde había situado un colegio infantil», añade. Preocupado porque algunas de las cámaras puedan enfocar a zonas comunes o incluso a las propias viviendas, Alfonso señala que ese tipo de instalaciones no cumple en ningún caso con la Ley de Protección de Datos, que regula el tratamiento y captura de imágenes. «Son instalaciones pirata que no guardan ningún orden», afirma.
Desde Securitas Direct, empresa especializada de seguridad, señala que las instalaciones de videovigilancia no pueden enfocar en ningún caso, según la ley vigente, más allá de los dominios privados de la nuestra propiedad. «Está completamente prohibido enfocar las cámaras a la vía pública, a fincas privadas ajenas, así como a zonas comunes», señalan desde la compañía, que añade que ellos cumplen «escrupulosamente» la Ley de Protección de Datos en todas las instalaciones de este tipo que realizan. Asimismo, Alfonso denuncia que estas grabaciones deben almacenarse durante un tiempo determinado, de tal forma que, en caso de ser grabado, pueda procederse a borrar esas imágenes si se desea. «Las cámaras deben estar señalizadas conforme a la ley. Tengo derecho a saber si me están grabando», afirma este vecino. «Por el momento las cámaras continúan en el mismo sitio y no se si me están enfocando o no. Veremos si no aparezco algún día de estos en el YouTube», añade.
Respetar la intimidad
- La Ley Orgánica de Protección de Datos prohibe la captura de imágenes de espacios públicos por parte de videocámaras instaladas en espacios de ámbito privado.
- Asimismo, la normativa vigente indica que no podrá enfocarse en ningún caso propiedades privadas ajenas ni zonas comunes pertenecientes a comunidades de vecinos.
- Incluso en los casos en que las cámaras se utilicen para fines lícitos y legítimos, debe informarse sobre la captación y grabación de imágenes.
- Las imágenes se preservarán por el tiempo imprescindible para la satisfacción de la finalidad para la que se recabaron, fijándose un plazo máximo de un mes.
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