Quien se beneficia del robo de residuos

La necesidad de recuperar materias primas y contribuir al cuidado del medio ambiente dio pie a directivas y normativas europeas sobre la recogida y el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que han marcado un camino verde para todos los países de la UE, con los fabricantes e importadores al frente. Son ellos, los productores, los responsables por imperativo legal de organizar y financiar el sistema de recogida y reciclaje de los equipos puestos a la venta, de involucrar a los distribuidores y comercializadores en esa actividad, y de animar a los ciudadanos a depositar en los contenedores y puntos limpios dispuestos para ello sus electrodomésticos, dispositivos y equipos electrónicos al final de su vida útil.

El problema es que no todos los fabricantes juegan a este juego –según un reciente estudio de la Universidad de Salamanca de los 10.000 fabricantes que operan en España, sólo 1.000 figuran en el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y están adscritos a un Sistema de Gestión de Residuos– y los que cumplen con lo establecido ven, en ocasiones, como su esfuerzo favorece, no sólo a los que no cumplen y no pagan, sino también a los que sustraen los equipos desechados –que los encuentran recogidos y seleccionados por tipos y tamaños– y, aún más, a quienes compran esos residuos robados, que hacen pingües negocios con sus componentes rentables abandonando el resto, sustancias contaminantes incluidas, en cualquier parte.

Este panorama, agudizado por la picaresca que genera la crisis, hace imprescindible que las administraciones europeas y españolas asuman el principio de responsabilidad compartida y ejerzan su parte. El productor es responsable del 100% del residuo al que tiene acceso, pero sobre el resto no tiene margen de actuación. Son los gobiernos europeos, el español y los autonómicos, y los propios ayuntamientos, quienes deben verificar que los productores de equipos estén en un Sistema Integrado de Gestión (SIG), controlar los flujos de residuos, intensificar la vigilancia de los puntos limpios, y perseguir y sancionar no sólo a los fabricantes e importadores que se lavan las manos, sino a los ladrones de residuos y, sobre todo, a quienes se benefician de esos robos.

Con estándares armonizados de recogida, transporte, tratamiento, vigilancia y control de los flujos de RAEE, empezando por las aduanas, se evitarían las diferencias entre los Estados miembros y se garantizaría la adecuada gestión del máximo volumen posible de RAEE con el mayor beneficio ambiental. Se pondría freno, además, a la frustración de los ciudadanos, cada vez más convencidos e implicados en el cuidado del medio ambiente, al sentir que su esfuerzo por depositar los residuos en los lugares adecuados acaba muchas veces malogrado y, lo que es peor, que los propios desechos terminan fuera de los circuitos adecuados para su reciclaje.