El mal olor acorralado a golpe de ley

De ahí que existan leyes contra el ruido, contra el desorden público o a favor de la limpieza de las calles. Sin embargo, los olores no se restringen. O para ser más precisos: no existe una ley contra la contaminación odorífera. Los olores nos afectan a todos y, en especial, a aquellos ciudadanos que viven cerca de zonas de tratamiento de residuos o al lado de industrias que emiten hedores como las cárnicas o las cerveceras. Las 200 demandas que se han interpuesto ante el Supremo demuestran la demanda social de una legislación específica.

Olfatometría dinámica
Por ello, desde la Asociación de Químicos de Madrid, se trabaja en la elaboración de un anteproyecto de ley con el que normalizar esta situación. El borrador que ha creado Cataluña se fundamenta en la norma europea UNE-EN 13.725, que valora la calidad del aire determinando la concentración de olor gracias a la olfatometría dinámica. Así, introduce un término nuevo: el de la concentración. Este parámetro se puede medir experimentalmente, tanto en el foco emisor (medida en emisión), como en el lugar donde se percibe (medida en inmisión).
En un primer momento, la norma sólo afectaría a las grandes emisoras de olores: las industrias, las estaciones de tratamiento de residuos y de aguas residuales. «Todo es empezar por lo que más molesta», explica Enrique Crespo, técnico de la Dirección General de Calidad Atmosférica de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. «Es una legislación necesaria porque, aunque en Madrid no haya mucha industria, por la gran cantidad de población, existen muchas instalaciones de residuos y se sitúan muy cerca de las urbanizaciones», añade. Tanto él como el resto del equipo son conscientes de las dificultades que acarrea legislar los olores porque «es difícil determinar y cuantificar estas inmisiones y, más aún, crear un régimen sancionador al respecto». Sin embargo, tanto él como desde el Colegio de Químicos creen que esté será un primer paso para, más adelante, ampliar la norma a los establecimientos de restauración que también causan malestar entre los vecinos: «Las freidurías y los locales que emiten muchos olores deben implantar medidas como las chimeneas más altas para intentar molestar lo menos posible a los que viven a su alrededor, pero estas medidas serán de carácter municipal», prosigue Crespo. Y es que otro de los problemas con los que se han encontrado los impulsores de la medida es «la subjetividad del olor».
Las consecuencias de soportar malos olores están relacionadas con la tensión psicológica que producen. Pueden llegar a provocar mareos, vómitos y, en algunos casos, incluso dificultan la respiración, según explican desde el Colegio de Químicos. En situaciones extremas, la persistencia de olores intensamente desagradables pueden crear conflictos entre las comunidades de vecinos. Además, pueden desvalorizar los inmuebles o las zonas de influencia a donde llega su poder contaminante y frenar la inversión en infraestructuras y nuevos inmuebles.
Luchar contra la contaminación odorífera no es una ocurrencia española; su regulación ya está establecida en otros países europeos como Holanda, Francia y Bélgica, así como en México, Canadá y Japón, donde ya se practican análisis olfatométricos. Sin embargo, son muchas las técnicas que se barajan para lograr una medición precisa. «La extremada sensibilidad de la mucosa olfativa ofrece que la posibilidad de utilizar el sentido del olfato como técnica sensorial resulte una perspectiva atrayente», explica el grupo de trabajo en la última edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama 10).
Los implicados en el proyecto son optimistas, aunque las industrias a las que afectaría un primer desarrollo de la norma no están muy de acuerdo, pues su implantación requeriría un importante desembolso. Sin embargo, de ponerse en marcha, en un futuro no muy lejano podría acabarse con las temidas «fritangas» del vecino.

Contra los aromas letales
En cuanto a los problemas para la salud, compuestos malolientes como el sulfuro de hidrógeno añaden a su faceta de contaminante odorífero –recuerda al olor a huevos podridos– un componente tóxico. Por este motivo, su inmisión está sometida a regulación de prevención de riesgos laborales en los ambientes de trabajo por sus efectos potencialmente letales a partir de determinadas concentraciones.