Carlos G vuelve a Asuntos Internos

Madrid-La noticia, que se ha hecho pública ahora, lleva unas semanas fraguándose. Así, las mismas fuentes precisaron que fue el pasado 1 de febrero cuando Carlos G. recibió una comunicación firmada por el Director Adjunto de la Policía (DAO), Miguel Ángel Fernández Chico, sobre el cumplimiento de esta nueva comisión de servicio urgente, cuya duración estimada sería de seis meses de duración. Además, según establece el reglamento de la Policía, un funcionario también puede solicitar esta comisión de manera voluntaria. De este modo, tras ser ascendido a comisario el pasado mes de diciembre, Carlos G. regresa a la unidad desde la que investigó el soplo policial a la red de extorsión de ETA después de haber estado al frente del operativo encargado de llevar a cabo la operación sobre el bar Faisán de Irún.
Sus pesquisas en Asuntos Internos dieron lugar a la imputación en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional del ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, el Jefe Superior de Policía en el País Vasco y un inspector de Vitoria. Precisamente, el mismo día en que Carlos G. recibió la comunicación del DAO, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó identificar a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría de Interior que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco. Ambos, imputados en la causa que investiga el chivatazo a la banda terrorista ETA. Uno de esos tres teléfonos correspondía al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer a la Sala de lo Penal de este tribunal que retire la imputación por colaboración terrorista a los tres imputados en el «caso Faisán». Y es que, según fuentes de la Fiscalía, las nuevas diligencias practicadas por el magistrado en la instrucción han dado lugar a «elementos incriminatorios» que justifican la imputación por revelación de secretos pero no por colaboración terrorista.