Consejo de Ministros
Prisas en Sanidad
Un Gobierno, casi en funciones, presenta para su información ante el Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud el anteproyecto de ley de atención al final de la vida.
Con prácticamente todo el Consejo pendiente de renovación y efectivamente en funciones, sorprenden las prisas. Bien que se ha cuidado Leire Pajín de posponer la reunión y ahora pisa el acelerador para cuestiones que evidentemente no son de trámite. La sorpresa sobre el peculiar informe aumenta cuando sabemos que la norma de efectivo incremento presupuestario, es decir, el repetido «derecho a la habitación individual para morir» está pospuesto cinco años, lo que en las actuales circunstancias es un retraso «ad calendas graecas». Tan notable desprecio al resultado de las elecciones del 22-M debe de tener alguna razón diversa a la súbita prisa por reconocer derechos.
A última hora el Gobierno parece impacientarse e incide en su perfil programático de ideología. En la Historia reciente nadie ha manipulado tanto el Derecho para que, abandonando su función de resolver conflictos reales –por ejemplo en la adecuación de tratamientos al final de la vida y el complicado juego de lex artis, obligación deontológica, deseo expresado por el paciente, por sus allegados etc.–, se disfrace de expresión de una ideología, de una actitud, e incluso, si se me permite la banalidad ahora abandonada, de un talante. De esa actitud y ese propósito solo puede salir una norma que combine el habitual énfasis en el discurso que hemos sufrido en las dos legislaturas con la ineficacia más notoria para acercarse a la realidad a la que sirve la regulación jurídica. De ahí nuestra desconfianza ante la norma.
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