En la prórroga

Escuchada la intervención del ministro Blanco en el Congreso, y a la espera de que sus señorías autoricen ahora la prórroga del Estado de Alarma, me queda, primero, una inquietud; segundo, un cierto asombro.

Me inquieta que la prórroga sea la constatación del fracaso de la norma civil frente a la disciplina militar. La única garantía de que el espacio aéreo siga abierto es la presencia de los militares en los centros. Repasemos la historia: un decreto estableció las nuevas condiciones laborales de los controladores en febrero; otro decreto ha venido a determinar ahora cuál es la única interpretación posible de las horas que han de cumplir los empleados públicos. Ésta es la norma que está en vigor y que sella las posibles fisuras en que buscaban cobijo los controladores. Y pese a ello, el Gobierno admite que, sin Estado de Alarma, no estaría garantizado que el servicio fuera plenamente atendido. Es decir, que pese a existir la ley y haber quedado ésta sobradamente esclarecida, no basta por sí sola para asegurar su cumplimiento. En ausencia de alarma, los empleados podrían reincidir en la desobediencia. Admitamos que esta «militarización» no deja de ser un artificio, una apariencia de modificación de un colectivo que, en realidad, sigue siendo el mismo –con su misma tarea, su misma jornada y su mismo sueldo–. Lo que ha cambiado es el temor de los controladores a un castigo que ahora sí se toman en serio. De modo que es la invocación del código militar lo que logra el efecto que el código penal no produce. ¿No es éste un fracaso preocupante de la legislación civil? ¿Dónde queda el efecto disuasorio que ha de tener en los delincuentes potenciales? Cabe imaginar que los redactores de la Constitución no pensaban en un conflicto como éste cuando plasmaron los tres estados excepcionales; el gobierno está dentro de la ley cuando echa mano de la alarma, pero ha buscado el amparo de una norma que fue ideada para otra cosa. Es útil, pero es anómalo.

El asombro llega cuando el ministro Blanco reitera su relato de chantajistas y chantajeados. Según su tesis, el convenio del 99 y los acuerdos posteriores fueron fruto del chantaje de los controladores a la dirección de la empresa pública, que teniendo todos los resortes del Estado a su alcance (funcionando como monopolio y pudiendo imponer, como se ha visto ahora, el régimen laboral a sus empleados), tragó con exigencias inadmisibles, firmó acuerdos que sólo beneficiaban a la otra parte y abrió camino a la enorme infección que ha llevado a la compañía a una situación insostenible. Me pregunto: a aquellos chantajeados de entonces que tan flaco servicio hicieron a la solvencia económica de AENA, ¿por qué nadie les ha reclamado nunca responsabilidad alguna? Blanco tampoco lo hizo ayer. Condenó al chantajista pero exoneró a quien le dio alas. Uno de los chantajeados de entonces, el director de Aeropuertos Españoles (número dos de la empresa), es hoy, por decisión de Blanco, presidente de AENA.