El Govern suprime el impuesto de sucesiones a parientes cercanos

Barcelona- Entre recorte y recorte, el president de la Generalitat, Artur Mas, tenía que dar una alegría a los ciudadanos y más aun cuando se cumplen 100 días de su investidura. Así que, para celebrarlo, el Govern tiró de las promesas electorales y aprobó ayer la reforma del impuesto de sucesiones. La medida, sin embargo, provocó una amalgama de reacciones. Al PSC, la reforma tributaria le sirve como excusa para descartar cualquier apoyo a los Presupuestos de la Generalitat. Mientras que el PP, pese a bendecir la reforma, condiciona su apoyo presupuestario a que la Generalitat cumpla con el déficit pactado. Algo difícilmente alcanzable tras la negativa del presidente del Gobierno a adelantar el fondo de competitividad.

En cualquier caso, el president de la Generalitat compareció tras la reunión semanal del ejecutivo para anunciar la medida y explicar que supone «el fin de la discriminación de Cataluña» respecto a otras comunidades autónomas, además de evitar que los patrimonios catalanes huyan a otras comunidades mejores condiciones fiscales.

Parentesco I y II
Mas explicó que la reforma consiste en una bonificación del 99 por ciento del impuesto para los cónyuges, ascendientes y descendientes directos, es decir, los grados de parentesco I y II:padres, hijos y nietos. La reforma, además, entra en vigor con carácter retroactivo desde el pasado del 1 de enero del 2011, dado que CiU tomó posesión del gobierno el 29 de diciembre.

Mas resaltó que, con las nuevas condiciones, los catalanes pagarán menos que las comunidades autónomas con la fiscalidad sucesoria más baja, Madrid y Valencia, y añadió que, por ahora, la reforma sólo hace referencia a las sucesiones y no a las donaciones, a pesar de que no descartó hacer algún tipo de reforma de este tributo durante esta legislatura.

Esta medida supondrá una merma de la recaudación del orden de 130 millones de euros, aunque el erario público seguirá ingresando 120 millones por esta partida fiscal. La rebaja del impuesto de sucesiones coincide con las demandas del Gobierno de aumentar los recortes para reducir el déficit e incluso de subir impuestos para cuadrar las cuentas. Por lo que Mas señaló que «no subiremos los impuestos porque el Gobierno nos debe dinero», en alusión a los 1.450 millones del fondo de competitividad que el Ejecutivo debe a la Generalitat en cumplimento del modelo de financiación vigente.

Tras el anuncio de Mas, la portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Laia Bonet, recogió la amenaza lanzada por el líder socialista, Joaquim Nadal, a propósito de no apoyar los Presupuestos y la hizo efectiva: el Govern «ha cerrado la puerta» a un pacto con el PSC por las cuentas.

Bonet denunció que el Govern «ha cruzado la línea roja» que había fijado el PSC para avenirse al diálogo, por lo que vaticinó «un escenario de pacto con el PP». «El Govern prefiere estar al lado de los más ricos en lugar de ayudar a los 7,5 millones de catalanes», dijo. El portavoz de CiU, Jordi Turull, respondió, visiblemente molesto, que su partido quiere sacar adelante las cuentas con el apoyo de un «gran espectro de fuerzas políticas», y apeló a la «responsabilidad» del PSC.

«Insuficiente»
Por su parte, el PP se felicitó por la medida aunque la tacharon de «insuficiente». Los populares reivindican también la supresión del impuesto de donaciones. Su portavoz, Enric Millo, precisó que la reforma fiscal es una condición necesaria, que no suficiente, para que el Govern cuente con su apoyo a los Presupuestos. Millo afirmó que otra condición que pone su partido es que el Govern cumpla el objetivo de déficit marcado para las administraciones públicas para 2011, del 1,3 por ciento del PIB en el caso de las comunidades. El portavoz popular ha subrayado que, al eliminar Sucesiones, el Govern «se apunta al carro» de lo que ha estado haciendo el PP en las comunidades en las que gobierna.

La portavoz parlamentaria de ICV, Dolors Camats, tildó de «indecente que la misma semana que el propio president justifica recortes a destajo, con la misma contundencia pretenda convencernos de que elimina un impuesto discriminatorio».