Griñán pide que se impute al hermano de Borbolla por las ayudas que recibió

 La Junta de Andalucía ha señalado por primera vez a siete empresarios como beneficiarios de la trama de los ERE, que no sólo pagaba prejubilaciones irregulares sino que otorgaba ayudas a empresas de manera arbitraria, sin publicidad, sin procedimiento administrativo y sin libre concurrencia. Esta parte del presunto fraude es más sustantiva, ya que las subvenciones se entregaban sin que existiera un control posterior, y una vez que se transfería el dinero a las cuentas corrientes de las sociedades no existían procedimientos establecidos para justificar que las cantidades se destinaban a garatizar el empleo.

La representación legal del Gobierno andaluz –como adelantó ayer El País– ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que cite declarar «en calidad de imputado» a siete personas: una de ellas es Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.

Antes de que la Junta tomara la iniciativa de denunciar a Ángel Rodríguez de la Borbolla, el PP ya había trasladado al juzgado documentación que comprometía al hermano del ex presidente andaluz. Rodríguez de la Borbolla, que fue alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla), recibió en torno a nueve millones de euros del «fondo de reptiles» a través de varias empresas en las que participaba. Su proyecto estrella fue una planta de ionización del corcho en Villanueva del Río y Minas, iniciativa que nunca se puso en práctica. Dos de estas sociedades, Cortansa y Corchos de Cazalla, recibieron ayudas un día después de la firma del convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA en julio de 2001 y que inauguraba el «fondo de reptiles».

La petición de la Junta también incluye que se cite en calidad de imputados a los ex concejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago Lozano, y los empresarios o miembros en consejos de administración de empresas Rafael Ávila Mayo, Eduardo Lora Ruiz, José Enrique Contreras Sáenz de Tejada y Alfonso Seoane Yarza –que ocupó varios cargos en el Ayuntamiento de Sevilla con Alfredo Sánchez Monteseirín–.

Salvo el último, todas han tenido algún cargo en empresas como Marco de Estudios y Proyección siglo XXI, donde trabajaron los hijos de José Antonio Viera y José Caballos. Y en el caso de José Enrique Rosendo, la instructora del caso ya anunció la apertura de una línea de investigación para esclarecer por qué su conglomerado de empresas había recibido casi 14 millones de euros de la Junta de Andalucía con cargo a la partida 31L por el mismo procedimiento que el TSJA ha declarado recientemente «ilegal».

«Es mucho más fácil ganar las elecciones en Andalucía»
El presidente andaluz recalcó ayer que ha sido «un acierto» separar las elecciones andaluzas de las generales, lo que le ha permitido mantener el poder en la Junta de Andalucía, ya que la extrapolación de los resultados hubiera dado la mayoría absoluta al PP-A. En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, se mostró convencido de recortar la ventaja que tiene el partido que preside Javier Arenas y señaló que «es mucho más fácil y hacedero ganar las elecciones en Andalucía».