Una reforma imprescindible

El Gobierno ha cumplido su compromiso de gobernar, y de hacerlo sin demora, al presentar ayer su reforma laboral cuando los agentes sociales han sido incapaces de llegar a un acuerdo. El texto presentado por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, es muy importante por cuanto europeíza nuestras relaciones laborales y acaba con la imposición a todos los trabajadores del imperio de los sindicatos de clase. Con más de cinco millones de parados, el equipo de Rajoy ha optado por aplicar una propuesta de reforma orientada a la creación de empleo, con sistemas de protección social y el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores hasta el momento. No habrá despido libre al estilo anglosajón, pero sí se moderan las actuales condiciones y, por norma general, los nuevos trabajadores tendrán derecho, en caso de despido improcedente, a 33 días de indemnización por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades. En los casos de despido procedente, la indemnización se reducirá a 20 días por año, con un máximo de 12 pagas. Para las empresas con problemas será mucho más fácil el despido procedente, pues bastará acumular tres trimestres en la caída de la facturación o de los beneficios para que el ajuste de la plantilla esté fundamentado.

 Pero el acento de la reforma está puesto en el fomento del empleo y en facilitar, sobre todo en momentos de crisis, la vida a las empresas para que puedan generar actividad. Así, y en un primer grupo de medidas, habría que incluir los nuevos contratos, más sencillos, y los planes de apoyo a la contratación de jóvenes y parados. Hay bonificaciones muy atractivas para que cualquier emprendedor contrate a jóvenes, y también alicientes para que los parados puedan abandonar las listas del desempleo y cobrar incluso parte de su prestación para complementar un salario. En este grupo se incluyen además actuaciones para la formación profesional, el teletrabajo, y otras que conforman una modernización y adaptación a los nuevos tiempos del mercado de trabajo.

Uno de los principales activos de la reforma es el de flexibilizar al máximo la negociación colectiva al acabar con la prórroga automática de los convenios y añadir la posibilidad de que una empresa pueda tener su propio marco de relaciones al margen del estatal. También, que las empresas en dificultades puedan dejar de aplicar el convenio (descuelgue) y no tengan que recurrir a despidos como única salida en tiempos adversos. El Gobierno acierta al actuar con celeridad en un escenario de paro creciente y al mantener su compromiso de diálogo al tramitar la reforma como proyecto de ley, lo que permitirá la discusión en el Congreso de los Diputados y la aportación de las ideas de otros grupos.