Admitida a trámite la demanda presentada por los pequeños accionistas contra el Banco de Valencia

Valencia- El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia admitió ayer a trámite la querella presentada por pequeños accionistas del Banco de Valencia, que representan alrededor del uno por ciento de su capital, contra el Consejo de Administración de la entidad por formular cuentas falsas.

Según el auto, el juez abrirá diligencias para investigar si la dirección de la entidad, intervenida por el Banco de España desde noviembre de 2011, cometió un delito societario, de falsedad contable y administración desleal, abusiva y fraudulenta.
La querella, presentada el pasado 28 de febrero con la adhesión de 137 accionistas, está dirigida a los miembros del Consejo de Administración -15 personas- y otros órganos de dirección.

La Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia denuncia el delito de formulación de cuentas falsas con el tipo agravado por causar daños a multitud de personas y el de administración desleal.

Entre ellos se encuentra José Luis Olivas, en representación de Bancaja -que poseía el 39 por ciento del Banco de Valencia-, Antonio Tirado, Domingo Parra, Celestino Aznar y Agnés Noguera, así como el representante de Deloitte.

En la querella se argumenta que el valor neto contable de la acción se fue reduciendo desde los 2,88 euros por acción que valía a 31 de diciembre de 2009 a los 2,66 euros a la misma fecha de 2010 y a los 0,75 euros a 31 de diciembre de 2011.

El abogado de los pequeños accionistas, Diego Muñoz-Cobo, considera que el agujero es «tan enorme» que es «imposible» que no lo supieran.

El Banco de España intervino la entidad valenciana al conocerse unas necesidades de provisiones de 562 millones de euros a 31 de marzo de 2011.

Según Muñoz-Cobo, hay tres compañías de seguros que pueden responder si estos delitos se confirman, dos de ellas de responsabilidad civil de los consejeros y otra de la auditora Deloitte. Los pequeños accionistas del banco han estado trabajando durante meses en esta querella, hasta que finalmente el pasado mes de febrero contaban con todos los datos necesarios para acreditarla.

Piden que se les indemnice con la diferencia entre el valor de las acciones de la entidad en 2010 y el que tienen en la actualidad.