El fiscal que se enroca en vetar las actas a la juez intentó recusarla en Mercasevilla

SEVILLA- La Fiscalía Anticorrupción se ha enrocado en impedir que la titular del juzgado de Sevilla que instruye la trama de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, pueda acceder a las 480 actas de los consejos de gobierno de la última década que le requirió a la Junta de Andalucía y que ésta rechaza entregar.

Tras el recurso que interpuso Anticorrupción la semana pasada, en el que considera que la petición de Alaya, expresada en un auto el pasado 30 de marzo, no es «necesaria ni proporcional», ayer se conoció un escrito, fechado el 13 de abril, aún más contundente. Insta a la juez a «declinar» su jurisdicción y sustituir el requerimiento de las actas por certificaciones de los acuerdos adoptados. Señala, asimismo, que Alaya «eventualmente estaría invadiendo competencias que son propias del Gobierno autonómico» al «reclamar las actas de los consejos en su globalidad y no extractadas y referidas a los acuerdos adoptados». El escrito lo firma el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga, el mismo que rubricó el recurso de la semana pasada y también el mismo que apoyó la recusación frustrada de Alaya por el «caso Mercasevilla». La Audiencia provincial dejó claro que el trabajo como auditor en la lonja sevillana –la matriz del escándalo de los ERE– del marido de la juez meses antes del periodo investigado no comprometía su imparcialidad.

La Fiscalía apela en su argumentación a los mismos artículos de la Ley 6/2006 a los aludió la consejera de Presidencia, Mar Moreno, el mismo día que avanzó que la Junta no entregaría las actas y, por tanto, dejó el contencioso en el tejado del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo. Esto es, el 30.3 y el 31.1, que señala que «los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos». Hay un punto llamativo. Y es que el fiscal reconoce que las actas «constituyen un todo inseparable en el que podrán contener no sólo documentos reservados, sino también y de modo previsible deliberaciones o votaciones que, no sólo son ya materia reservada, sino secretas, que no pueden ser objeto de revelación», añade el escrito al que accedió Ep.

No hay que perder de vista que Alaya rastrea un posible delito de prevaricación de la Junta si confirma que el Consejo de Gobierno (en el que han estado Griñán y Chaves) siguió autorizando un modelo de transferencia de las ayudas para prejubilaciones, a sabiendas de que se estaban produciendo irregularidades, tal y como han puesto de manifiesto al menos siete informes de la Intervención General de Hacienda desde el año 2002 al 2008. De confirmarse este extremo, el presidente de la Junta –consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009– entraría de lleno en el círculo rojo de la investigación.

Argumentos de Alaya
Alaya, por su parte, ya argumentó en el auto del 30 de marzo, citando el artículo 332 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que «las dependencias del Estado (...) no podrán negarse a expedir certificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales».

Se da la circunstancia de que mientras Anticorrupción rechaza de forma tan tajante que Alaya pueda acceder a las actas de los consejos de gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitió el viernes a trámite, como informó LA RAZÓN el pasado sábado, un recurso contencioso-administrativo del sindicato Manos Limpias –personado en la causa de los ERE–, en el que solicitaba, como medida cautelar, que la juez pudiera revisar las actas a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo. Por ello, da audiencia a las partes y al Ministerio fiscal y nombra magistrado ponente a Pedro Luis Roas.

Manos Limpias pidió también la impugnación del Consejo de Gobierno del 29 de marzo que declaró la imposibilidad legal de levantar el carácter reservado de todos los documentos incorporados en las actas, aunque estas medidas «provisionalísimas» las rechazó el TSJA. El sindicato entiende que este acuerdo tiene «una intención meramente dilatoria y obstruccionista y constituye una paralización de la instrucción de los gravísimos hechos que se investigan». Las 480 actas aguardan, mientras tanto, en once sobres lacrados en los juzgados de Sevilla, en un armario acorazado y con vigilancia 24 horas.