Disciplina Merkel

La deficiente gestión de la crisis económica de un puñado de gobiernos ha empujado a la Unión Europea a un callejón con muy pocas salidas para conquistar la confianza y la credibilidad que demandan los mercados de deuda y garantizar la imprescindible estabilidad del euro y de la Unión Monetaria. Las políticas económicas cimentadas en la falta de rigor y de austeridad y en el abuso del endeudamiento de unos cuantos, como España, han forzado a las grandes locomotoras europeas a tomar el mando ante el temor de que un efecto contagio sometiera estructuralmente la economía europea. Alemania y Francia han impuesto en el Consejo Europeo de Bruselas un compromiso de endurecimiento del Pacto de Estabilidad y que el Fondo de Rescate de la Eurozona para países insolventes pase a ser permanente. Todo ello hará necesaria una reforma del Tratado de Lisboa, en vigor desde diciembre de 2009, que en principio no necesitará ser ratificada por los países y evitará que la Unión se suma de nuevo en la inestabilidad institucional.

Merkel y Sarkozy –especialmente la canciller alemana– impusieron su ley para que la Unión asuma una vigilancia reforzada de las cuentas públicas de los países. Esa intervención lleva aparejada una disciplina más severa para los estados que no cumplan los límites de déficit y deuda, y, entre otras sanciones, contempla un depósito económico bloqueado hasta que el país en cuestión consiga solventar la desviación.

La Unión emprendió ayer un camino inevitable para blindar la estabilidad económica de los veintisiete de los desmanes de gobernantes frívolos o manirrotos. Pero más relevante que el endurecimiento de los castigos es que exista una voluntad inequívoca de aplicarlos. Lo cierto es que ya había un régimen de sanciones, si bien no tan contundente, y ningún país había sido castigado pese a haber incurrido en déficit excesivo en estos diez años de unión monetaria. Cabe esperar que las autoridades comunitarias y, sobre todo, que los gobernantes europeos que acaban pagando las facturas, como Merkel, hayan aprendido la lección y actúen en defensa de la fortaleza europea, sin necesidad de que, como se pretende, el sector privado asuma parte de la factura de la irresponsabilidad política.

Como decíamos, que Merkel ha sido la gran triunfadora de este Consejo es incuestionable. La política de mano dura y de exigencia lleva su firma. Hasta tal punto que Alemania ha logrado incluso que la posibilidad de suspender el derecho de voto a los países reincidentes en la indisciplina fiscal sea estudiada por el presidente Van Rompuy y que figure en las conclusiones de la cumbre, pese a la gran oposición de los líderes europeos. Esta iniciativa nos parece ir demasiado lejos con una medida tan ejemplarizante como poco eficaz para el propósito de lograr un gobierno económico más solvente, sin mencionar la fricción con la soberanía nacional.

Más allá de la disciplina y las sanciones, el Gobierno español debería interiorizar que su principal responsabilidad es evitar la dinámica perversa del endeudamiento desmedido y mantenerse firme en el rigor presupuestario, como ya demostró en su momento José María Aznar con gran éxito.