Más firmeza con Venezuela

Por primera vez en la historia de la banda, dos etarras, Xabier Atristain y Juan Carlos Besance –miembros del «Comando Imanol»– declararon ayer en la Audiencia Nacional que, en 2008, viajaron a Venezuela para recibir un cursillo de formación de desmontaje de armas y posiciones de tiro. Su contacto en el país caribeño fue el etarra Arturo Cubillas. Este asesino está bajo el amparo de Hugo Chávez, ya que en 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, además de ocupar otros cargos públicos. Éstos, como se confirmó ayer por boca de dos miembros de la banda, le servían de pantalla para seguir vinculado a ETA, circunstancia que no paso inadvertida a la Justicia española. Prueba de ello es que, en marzo de este año la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una querella contra Cubillas y otros miembros de ETA y las FARC y se solicitó su detención y extradición como presunto autor de tres asesinatos y responsable de la organización terrorista en Venezuela. Esta orden de detención se quedó en agua de borrajas gracias a la impunidad que goza Cubillas bajo el manto protector del régimen de Chávez.

La confesión de los dos etarras, recogida en el auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, viene a corroborar los indicios de que Venezuela se había convertido en los últimos años en el santuario de la banda, después de la «tolerancia cero» que se ha ejercido en los últimos años contra los etarras en Francia. Hasta ahora las únicas pruebas eran la documentación intervenida a la banda en Francia y los correos electrónicos que contenía el disco duro del ordenador del jefe de las FARC, Raúl Reyes. El testimonio de Atristain y Besance obliga al Gobierno a dar un paso más allá, puesto que de las conjeturas se ha pasado a las certezas. Le corresponde al Gobierno y al Ministerio de Exteriores mover ficha. Ya no es suficiente con pedir explicaciones al régimen de Chávez sobre su connivencia con los etarras en su país, donde tienen libertad de movimientos para seguir participando en la dinámica asesina de la banda. El Ejecutivo tiene que exigir al Gobierno venezolano la máxima colaboración para facilitar la extradición de los etarras que considere la Justicia, al tiempo que debe dejar de ser cómplice indirecto de sus actividades ilícitas en su país. Porque es intolerable que personajes con presuntos delitos de sangre como Cubillas tengan una relación tan privilegiada con el Gobierno bolivariano, hasta el punto de ser un interlocutor privilegiado con los mandos de la Guardia Nacional y de la Dirección de Inteligencia Militar.

Las relaciones con Venezuela, y más aún si está ETA por medio, deben desarrollarse desde la firmeza y la contundencia. Porque a la vista está que la cooperación en materia terrorista entre España y Venezuela es insuficiente, por más que el pasado 6 de marzo ambos gobiernos ratificasen su más enérgica condena al terrorismo. Es hora de que Chávez abandone su retórica baldía contra ETA y pase a los hechos, que pasan por ejercer todo el arsenal diplomático, político y judicial para que Venezuela deje de ser un exilio de lujo para los asesinos.