Zarrías otorgó una licencia de TDT a la empresa que dirigía Santoyo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía resolvió el 29 de julio de 2008 el concurso por el que se otorgaban distintas licencias de televisión digital terrestre a particulares en las ocho provincias andaluzas. Entre las empresas que recibieron una de las concesiones se encontraba «Canal Baeza y La Loma, S.L.U.», sociedad en la que ha ocupado diversos cargos Antonio Garrido Santoyo, el primer intruso que detectó el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla en la «trama de los ERE».

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la resolución el 21 de octubre de 2008 firmada por el entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, que hoy es secretario de Estado de Política Territorial y número 4 del PSOE. La responsable de las controvertidas adjudicaciones de las licencias de TDT en Andalucía era la dirección general de comunicación social, que dependía de Presidencia. La titular del departamento era Matilde Santiago, estrecha colaboradora de Zarrías y que fue cesada por Griñán tras la marcha de éste a Madrid.

Además de «número dos» del Gobierno andaluz con Chaves, Zarrías ha controlado la provincia de Jaén durante 16 años gracias a su condición de secretario provincial del PSOE desde octubre de 1994 hasta febrero de 2010. Hoy es presidente del PSOE de Jaén, un cargo honorífico. Canal Baeza era una televisión local que comenzó sus emisiones en 1997.

En 2008 se convirtió en televisión comarcal «para adaptarse al futuro mapa de las televisiones digitales locales». Pasó a cubrir otros municipios de Jaén como Úbeda, Canena, Rus o Sabiote. Unos meses después resultó adjudicataria de uno de los tres canales múltiples de la demarcación junto a Grupo Audiovisual Andaluz y Green Publicidad y Medios. Hoy emite con el nombre comercial «9laLoma».

Garrido Santoyo ha sido director general de la televisión, director comercial y hasta presentador de informativos. Actualmente figura como responsable de «9laLoma» Encarnación Lorite, aunque fuentes consultadas por este periódico aseguran que Santoyo sigue vinculado a la empresa.

Donde ya no está es en el PSOE, ya que el 17 de noviembre de 2010 renunció a su cargo como secretario de Política Municipal del PSOE de Baeza. El 9 de diciembre fue citado en calidad de imputado porque su nombre aparecía como beneficiario de una póliza de rentas en el ERE de Mercasevilla pese a que nunca trabajó en el mercado sevillano. Se negó a declarar «alegando una enfermedad que le impedía respirar», según consta en el atestado policial. Era el primer «intruso» descubierto en la trama.

Según declaraciones de otros imputados, su inclusión «era un compromiso ineludible con él», autorizado por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. La Policía no descarta que sea un «hombre de paja» y que el dinero que le correspondía se lo repartieron otras personas.

La historia de Garrido Santoyo como beneficiario de la Junta no acaba ahí. Según desveló LA RAZÓN el pasado 6 de abril, su nombre aparece junto al de Juan Lanzas –el conseguidor de los ERE– como ejecutivos de la fábrica de piensos «Agropecuaria Loma de los Donceles», en la localidad jienense de Arquillos y que recibió una ayuda de 148.259 euros pese a que no tenía los permisos necesarios para la actividad subvencionada.
 

UGT también se persona en el escándalo de los ERE pese a minimizarlo
El secretario general de la UGT-A, Manuel Pastrana, aseguró ayer que están ultimando una personación popular, que presentarán posiblemente hoy, en el caso de los ERE mediante una querella contra cinco personas afiliadas que «no han actuado correctamente» al estar presentes en pólizas de empresas donde nunca habían trabajado. Pese a ello, insistió en restarle trascendencia a la situación que envuelve a los ERE ya que está «distorsionada y sobredimensionada» y esperó a que una vez finalizada la instrucción del proceso «se pueda tener una dimensión exacta de la dimensión del problema», que es «mucho menor de la que parece tener, pero que en cualquier caso no debería tener ninguna». Pastrana insistió en que no abrirá una investigación interna porque no le consta que «ningún dirigente de la UGT haya cometido ninguna ilegalidad» y negó que el sindicato haya cobrado por la intermediación en estos procesos.