Cataluña pide un pacto fiscal un día después de solicitar el rescate

BARCELONA- A las cinco de la tarde, la hora en que mueren los toros, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, entraba ayer en el ruedo parlamentario catalán para votar su propuesta de pacto fiscal. Un documento que reivindica un cambio de modelo de financiación para que Cataluña decida, recaude y gestione todos los impuestos que pagan los catalanes.

Tras nueve meses de negociaciones, que se alargaron hasta minutos antes de la votación, Mas no logró el consenso con el que soñaba, que todo el Parlament apoyara su propuesta de pacto fiscal para poder presentar en Madrid un argumento de peso en defensa de un nuevo modelo de financiación para Cataluña. El documento salió adelante con los votos de CiU, ERC e ICV y con apoyos puntuales del PSC, que se abstuvo en el punto clave, la reivindicación de una hacienda propia, aunque Ernest Maragall se desmarcó de los socialistas.

Mas prefirió que su pacto fiscal saliera adelante con un apoyo minoritario, antes que renunciar a la «llave de la caja», esto es que la Generalitat sea la única administración que gestione todos los tributos catalanes a través de la agencia tributaria de Cataluña, en definitiva, la independencia fiscal. Hoy por hoy, la hacienda catalana recauda los impuestos propios, pero no los compartidos, el IVA, el IRPF y los especiales, que son recaudados por el Estado. Tanto el PSC como el PP reclamaban que el Estado participara en la agencia tributaria de Cataluña, pero CiU no ha dado su brazo a torcer. Mantuvo el pulso hasta el último momento, lo que empujó al PP a votar en contra y al PSC a abstenerse en el punto que defiende que «la gestión tributaria de todos los tributos soportados por Cataluña debe corresponder a la agencia tributaria de Cataluña, que será la única administración responsable».

No fue suficiente que uno de los puntos recogiera que la agencia tributaria catalana ha de colaborar con el Estado y otras administraciones de carácter local y europeo, sobre todo, en la lucha contra el fraude fiscal.

La votación del documento en siete puntos permitió al PSC suscribir gran parte del acuerdo y al PP abstenerse para facilitar la negociación en Madrid. El PP catalán, pese a lamentar que CiU no se haya movido un ápice de su postura inicial desde qu empezó la negociación, avanzó que facilitará el diálogo entre el Govern y el equipo de Mariano Rajoy que, con mayoría absoluta en el Congreso, tiene la última palabra sobre el futuro del modelo de financiación que reivindica Mas.

La siguiente negociación
El presidente de la Generalitat admitió que no garantiza que su propuesta de pacto fiscal tenga salida en Madrid. Tampoco la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que hasta el último minuto no desveló el voto de su partido. Una hora antes de la votación, antes de ir a comer, el equipo negociador de CiU, Oriol Pujol, Francesc Homs y Jordi Turll, paró a Sánchez-Camacho y el portavoz del PP catalán, Enric Millo, para preguntar cuál iba a ser el sentido de su voto. Tras lo que pareció una discusión distendida, Sánchez-Camacho y Pujol se despidieron con una sonrisa y una palmada en la espalda.

El texto que Mas llevará ante Rajoy defiende una hacienda propia que gestione, recaude, liquide, revise, sancione e inspeccione los tributos que se pagan en Cataluña. La agencia tributaria catalana que avaló el Parlament tiene plena capacidad para decidir y ejercer sus funciones. Aunque reconoce que «debería colaborar» con otras administraciones, la Agencia Tributaria Estatal queda relegada a un papel secundario. La propuesta además defiende que la Generalitat tenga plena capacidad normativa para decidir sobre los impuestos que se pagan en Cataluña «dentro de la armonización fiscal, asegurando la consecución del principio de progresividad fiscal. El PP votó en contra de este punto, así como del apartado donde se define la aportación catalana. A diferencia del concierto vasco y navarro, la propuesta prevé que la Generalitat pague al Estado por los servicios prestados y en concepto de cooperación interterritorial. Esta aportación se revisará quinquenalmente y se acordará bilateralmente. El texto prevé empezar a negociar con el Estado en otoño, sea cual sea la prima de riesgo.