La hora de la verdad por Carmen Gurruchaga

El tiempo se acaba. El Gobierno no debe de esperar ni un día más a que patronal y sindicatos se pongan de acuerdo. Si lo hacen, mejor para ellos y para todos, porque el riesgo de conflictividad será menor. Pero en caso contrario, el Ejecutivo tiene que cumplir con su obligación de gobernar, pues un plazo de dos años, que es el tiempo que los agentes sociales llevan sin alcanzar ningún acuerdo, es más que suficiente como para no dilatar ni una semana una decisión tan importante.
Todo lo que sea dotar de seguridad jurídica a la situación actual es imprescindible para que un empresario se atreva a invertir. Además, si por un lado está la amenaza sindical de desestabilizar la situación laboral, por otro está Europa y la amenaza permanente de rebajar la solvencia del país si no se emprenden cuanto antes las reformas necesarias.

Frente a semejante dilema, Mariano Rajoy no tiene otra alternativa más que decidir agarrando el toro por los cuernos y tomando las determinaciones que considere pertinentes sobre el modelo de contratación, que actualmente está en manos del INEM; la cuantía del despido, la negociación colectiva, o la subida salarial ligada a la productividad o al IPC.

La supeditación del incremento salarial al IPC medio europeo, en lugar de al español, dañaría menos la competitividad de las empresas españolas en los mercados exteriores y máxime, teniendo en cuenta el buen comportamiento de las exportaciones. El leve crecimiento de la economía española en 2010 se produjo gracia a las exportaciones y al turismo. Algo a tener en cuenta.