Una cumbre para despenalizar las drogas

El presidente de Guatemala, el militar Otto Pérez Molina, prometió "mano dura"contra el narcotráfico y el crimen organizado al tomar posesión del cargo hace apenas tres meses. Muy malas perspectivas tiene que haber vislumbrado desde su llegada al Gobierno porque en muy poco tiempo ha cambiado de tercio. El mes pasado, Pérez Molina lanzó su propuesta a los cuatro vientos de despenalizar las drogas como vía alternativa para hacer frente al aumento del crimen relacionado con el tráfico de estupefacientes en los países centroamericanos.

Según el reciente informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la escalada de violencia en América Latina en relación con las drogas "ha alcanzado niveles alarmantes que no tienen precedentes"y ha convertido a esta región en "una de las zonas más violentas del mundo". En sus páginas, explica que en la actualidad operan en América Central más de 900 maras (pandillas locales) que tienen más de 70.000 miembros.

El plan del presidente de Guatemala parece un grito a la desesperada y adquiere mayor relevancia ya que es la primera vez que el presidente en ejercicio de un país anuncia la despenalización de las drogas, un melón que hasta ahora sólo se habían atrevido a abrir mandatarios retirados, como el ex dirigente brasileño Henrique Cardoso o el colombiano César Gaviria.

El próximo 24 de marzo se reunirán los líderes centroamericanos para analizar la propuesta y Estados Unidos ha aceptado incluir el asunto en el programa a tratar en la Cumbre de las Américas del 14 y 15 de abril en Cartagena de Indias. Eso es todo lo que ha conseguido el presidente de Guatemala. Ningún otro país, incluidos los más golpeados por el narcoterrorismo (México, El Salvado y Honduras), han secundado su propuesta.

Tampoco Colombia, quizá el país más proclive a estudiar un plan de esta magnitud. Según ha dicho su ministro del Interior, Germán Vargas, el Gobierno de Juan Manuel Santos "impulsará una iniciativa individual en esta materia y el debate que tendrá lugar continúa siendo académico hasta tanto la comunidad internacional no tome una decisión distinta".

Mauricio Funes, presidente de El Salvador, ha explicado que este debate es necesario: "Hay que ver con expertos, técnicos, estadísticas, números de cuánto se ha gastado en estos 30 años, cuántas vidas se han perdido y cuanto se ha bajado el consumo, mientras el consumo no se logre reducir por más esfuerzos que continuaremos haciendo el problema va a seguir". Según sus datos, el 90% de los homicidios que se cometen en el país no van dirigidos contra la población indefensa sino que son "ajustes de cuentas, rencillas, ejecuciones sumarias que llevan a cabo los criminales entre sí por el control del territorio y por el control del narcomenudeo".

Funes teme que si la despenalización de la producción, tráfico y consumo de drogas no se aborda desde una perspectiva regional, El Salvador "puede convertirse en un paraíso centroamericano para el consumo". Por contra, el escritor y periodista mexicano Sergio Rodríguez dice en una entrevista con LA RAZÓN que esta medida traería la reducción de la violencia en México y Centroamérica: "Hay que insistir en que la ilegalidad desata la dinámica de represión-violencia y la incrementa sin cesar".

Rodríguez, autor The Femicide Machine, un ensayo de geopolítica, narcotráfico y violencia,, asegura que el caso de México es ejemplar: "Cuando el gobierno de Felipe Calderón decide emprender una guerra al narcotráfico en 2007 provoca una escalda de violencia e inestabilidad a la fecha incontrolables, que ya rebasa los 50 mil muertos. El propio gobierno de EE UU -añade.- acaba de cuestionar al gobierno mexicano por el alto costo de la violencia por su estrategia de combate a las drogas".

Se refiere a las declaraciones efectuadas en el Sentado de EE UU el martes pasado por el general Charles H. Jacoby, jefe del Comando Norte, quien dijo que las autoridades mexicanas han sido exitosas al capturar o eliminar a 22 de 37 jefes narcotraficantes identificados, "pero eso no ha tenido un efecto apreciable".

Jacoby, a preguntas de los senadores, ofreció un panorama más bien sombrío sobre los avances en México contra la droga: "La violencia ha seguido aumentando. No fue un incremento tremendo este año, pero son cifras inaceptables. Creo que es prematuro estimar si están ganando o perdiendo la lucha contra el crimen organizado".

Estados Unidos contempla con preocupación el trasvase de la violencia del narco desde México hacia Centroamérica, propiciado por la actuación del cartel de los Zetas en países como Honduras, donde encuentran menos presión de las fuerzas de seguridad. El secretario de Estado adjunto de EE UU, William Brownfield, prometió ayer a las autoridades guatemaltecas acciones concretas en el combate contra el narcotráfico, que detallará durante su viaje a Centroamérica en dos semanas.

El plan de EEUU
Brownfield explicó en una teleconferencia desde Washington que la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Carsi, en sus siglas en inglés) dispone de 300 millones de dólares para dicho programa, con actuaciones como la compra de helicópteros y la creación de "comisarías modelo"en siete países de la región.

Uno de los problemas lacerantes de la ola de violencia que sacude el istmo centroamericano es la infiltración de criminales tanto en los cuerpos de policía como en los ejércitos nacionales. Entre los autoridades que se han marcado gobiernos como el de Guatemala está el de depurar las fuerzas de seguridad.