La Comunidad apoya la medida del Gobierno contra el turismo sanitario

MURCIA- El Gobierno central pretende ahorrar cerca de mil millones de euros con la medida, aprobada anteayer por el Congreso de Ministros, de acabar con el turismo sanitario. En lo que respecta a la Región de Murcia, el pasado año se atendieron a más de 18.000 turistas extranjeros en los distintos centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma y, a pesar de que esta cifra es algo más baja que la que presenta la media nacional de España, no dejó de suponer un elevado coste para Murcia, en concreto seis millones de euros, de los que finalmente los países de origen de los pacientes extranjeros devolvieron cuatro millones a la Comunidad. Si bien, el Gobierno regional dejó de ingresar dos millones, debido a que otros muchos países no tienen un convenio sanitario con el Estado español, lo que provoca que no tengan la obligación de devolver la cantidad que Sanidad invierte en el tratamiento de los pacientes extranjeros.

Al respecto, la consejera de Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma, María Ángeles Palacios, matizó que aunque el turismo sanitario no es lo más común en la Región de Murcia, el Gobierno murciano apoya la medida planteada por el Ejecutivo central, porque «así evitaremos que se produzca un aumento y que se siga extendiendo». No obstante, el turismo sanitario sí se da de una forma más usual en el resto de comunidades autónomas, por lo que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha propuesto erradicar por completo. Del mismo modo, el Gobierno de España pretende reducir el uso de medicamentos con la puesta en marcha del copago farmacéutico, cuyo impacto en la Región de Murcia «aún se está estudiando», apuntó la titular de Sanidad.

Una postura sanitaria que no comparte el Partido Socialista de la Región de Murcia, según resaltó ayer la responsable de Sanidad en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, quien informó que su formación ya ha presentado una moción en la que pide a la Cámara el rechazo a la aplicación de un copago farmacéutico a los pensionistas, así como el incremento para los trabajadores activos. Ante las declaraciones de la diputada socialista, la portavoz adjunta del Partido Popular en la Región de Murcia, Laura Muñoz, hizo hincapié en que «quienes dejaron un agujero de más de 16.000 millones de euros en la Sanidad, ahora se dedican a criticar las medidas que se han tomado para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud». De esta manera, la popular respondió a Rosique, a la que además recordó que la reforma sanitaria que ha puesto en marcha el Gobierno de España tiene una causa, «la situación en la que la pésima gestión del gobierno socialista ha dejado a la Sanidad y los servicio públicos de nuestro país». Y es que para la responsable popular, «eso ha provocado una Sanidad que tiene serios problemas para seguir prestando sus servicios a los ciudadanos en materia de asistencia sanitaria y de prestación farmacéutica», al tiempo que matizó que por eso «el Gobierno del Partido Popular ha aprobado esta reforma sanitaria, para garantizar una sanidad pública universal, gratuita y de calidad».

Asimismo, Muñoz lamentó que los socialistas «una vez más traten de confundir a los ciudadanos con falsedades y datos tergiversados» y, puntualizó que «los pensionistas con las rentas más bajas, no contributivas y de inserción, no van a pagar las medicinas». Por último, la portavoz del PP subrayó que «los parados de larga duración y familias con todos sus miembros en paro, tampoco van a pagar». De hecho, recordó que «hasta ahora pagaban un cuarenta por ciento y a partir de ahora no pagará nada».

El Colegio de médicos resalta la necesidad de un pacto político
La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, Isabel Montoya, resaltó que «la crisis no debe alejarnos de los ciudadanos, sino aumentar las alianzas» y anunció que trabajará para «preservar la relación médico-paciente a pesar de las circunstancias». Por su parte, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez, hizo referencia a la actual situación por la que atraviesa la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y a la necesidad de alcanzar un pacto político para llevar a cabo los grandes cambios estructurales que requiere la actual situación económica de España.