Alicante

Más de un millón de valencianos no paga nada por las medicinas

Más de un millón de valencianos no paga nada por las medicinas
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VALENCIA- En la Comunitat Valenciana existen en la actualidad 5,2 millones de personas con derecho a farmacia, de los que el 70 por ciento realizan algún tipo de aportación económica, es decir, abonan parte del medicamento. 1,2 millones (el 23,5 por ciento) tienen derecho a farmacia gratuita, mientras que 300.000 no tiene derecho y se ven obligadas a pagar la totalidad del medicamento.

Asimismo, entre la población española con la tarjeta sanitaria (SIP), hay 431.000 desempleados y poco más de un millón de pensionistas. La población activa supera los 2,5 millones.

La última reforma sanitaria llevada a cabo por el Gobierno central implica el cambio en las aportaciones que el paciente abona por los fármacos. Así, a partir de ahora, seguirán sin pagar nada los desempleados que han perdido la prestación, las personas con pensiones no contributivas, las que tienen renta de integración social, los pacientes con tratamientos derivados de enfermedades o accidentes laborales, las personas afectadas por el síndrome tóxico y los discapacitados (contemplados en su normativa específica).

Pagarán el 10 por ciento del medicamento los pensionistas con renta inferior a 100.000 euros con tope de 8 euros cada mes si su renta es inferior a 18.000 euros. Si su renta está entre 18.000 y 100.000 euros, su tope será de 18 euros cada mes.

Las personas en activo con rentas inferiores a 18.000 euros anuales pagarán el 40 por ciento del fármaco.

Por su parte, los que estén en activo y cuenten con rentas entre 18.000 y 100.000 euros anuales abonarán el 50 por ciento del coste de la receta.

Para los pensionistas con rentas superiores a 100.000 euros, pagarán el 60 por ciento de la medicina, con tope de 60 euros cada mes. En cuanto a los fármacos o productos farmacológicos no financiados, se abonará el 100 por ciento de su coste.

El conseller de Sanidad, Luis Rosado, consideran que las nuevas medidas de ajuste van encaminadas a «garantizar la sostenibilidad del sistema, preservando el derecho de los ciudadanos a la protección de su salud».