Las autonomías piden un plan de rescate para la Sanidad

Después de amagar una sonora protesta, y de forzar de manera sorpresiva a la nueva inquilina del Ministerio, Leire Pajín, a retirar dos decretos de farmacia por sus incoherencias o fallos de procedimiento –el de los productos sanitarios y el de la prescripción enfermera–, las comunidades socialistas no llegaron ayer a chafarle el estreno a la ministra ante el órgano de coordinación sanitaria autonómica. Sin embargo, le mostraron el colmillo en previsión de lo que pueda pasar.

Andalucía, por ejemplo, que fue una de las comunidades más críticas con los decretos farmacéuticos y el procedimiento que Sanidad quería emplear para aprobarlos, pidió a Pajín voz y voto en las decisiones que adopte la Agencia Española del Medicamento, ante la grave situación que viven las arcas públicas. Demandó incluso la presencia de dos representantes de cada autonomía en el organismo. Lo hizo la consejera María Jesús Montero, quien junto a la extremeña María Jesús Mejuto apenas miró a la ministra mientras ésta exponía sus proyectos durante el encuentro, según fuentes presentes en el mismo.

Más crítica y más franca se mostró Cataluña. En la que constituía su despedida interterritorial, la consejera Marina Geli habló abiertamente ante sus homólogos de «quiebra» del sistema, y demandó medidas para rescatar a la Sanidad ante el dramático desfase de las cuentas públicas.

Al igual que otros feudos socialistas, ambas comunidades amortiguaron el tono contra la actuación de Sanidad después de que el secretario general del Ministerio, José Martínez Olmos, pidiera a los representantes autonómicos de su partido, en una reunión «secreta» previa, árnica para no dar una imagen de «desunión» que pudiera trasladarse a los medios.

También críticos, aunque sorprendentemente mansos en relación con tiempos pretéritos se mostraron los representantes del PP. Urgieron, sí, a la adopción de las medidas necesarias para hacer sostenible el sistema, aunque con la boca pequeña. La más enérgica, si acaso, fue la anfitriona, la consejera gallega Pilar Farjas, quien demandó medidas estructurales. En el acto de recepción del Interterritorial, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reclamó ante Pajín «lealtad» con el sistema sanitario, «rigor» en la gestión y «reflexión en un momento de extraordinaria dificultad». Por su parte, el madrileño Javier Fernández-Lasquetty recordó que la situación de la Sanidad «es muy grave en términos de financiación».

Proyectos mediáticos
Molesta en los días pasados con la reacción de sus comunidades a las iniciativas farmacéuticas, Pajín defendió los proyectos mediáticos con los que llegó al encuentro. Habló de la ya conocida unidosis o dispensación individualizada de fármacos, para que los tratamientos se ajusten a las necesidades de los pacientes. El proyecto, apuntó, arrancará en enero, y tal y como adelantó LA RAZÓN, afectará a analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, antirreumáticos y antiácidos.

También debatió sobre otros dos textos adelantados por este periódico: el anteproyecto de ley de salud pública, que por fin ha visto la luz en el foro autonómico tras múltiples retoques, y la Estrategia de Cuidados Paliativos, que amplía este tipo de atención a niños y enfermos no oncológicos.


Hacia la censura informativa
El anteproyecto de ley de salud pública que ayer recibió el visto bueno de las autonomías encierra un polémico capítulo que llamó la atención de la Asociación Española de Editores de Diarios (Aede): el de la censura informativa a los medios. Según el artículo 59.5, «la autoridad sanitaria podrá prohibir informaciones y anuncios sobre salud emitidos en cualquier medio de comunicación que no se ajusten a criterios de veracidad o que puedan suponer un perjuicio para la salud». Añade que un futuro centro asumirá el rol de definir los criterios de buenas prácticas.