La Generalitat cumple su amenaza y multará a Renfe por el servicio

Barcelona- La Generalitat dio ayer un paso más en su particular cruzada contra el Gobierno en materia de infraestructuras. Y lo hizo anunciando la apertura de 125 expedientes sancionadores a Renfe por irregularidades en el servicio, tal y como lo anunció el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder. Cada multa puede oscilar entre 6.001 euros y 30.000 euros, según la gravedad de las incidencias.

El pasado 21 de septiembre, Territorio instó la apertura de un expediente informativo a la operadora ferroviaria por retrasos y supresión de servicios entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre. Concluida esta fase, la Generalitat ha determinado que Renfe suprimió 75 trenes sin poner en marcha transporte alternativo alguno para los viajeros y que en 478 servicios se registraron retrasos que en 188 de los casos superaron los 15 minutos.

Ahora, el Govern determinará, en un plazo de tres meses, la suma de las sanciones, que podría alcanzar 3,75 millones. «Habríamos preferido el diálogo, pero no ha sido posible y como Govern debemos velar por la calidad del servicio», declaró Recoder al anunciar la apertura de los expedientes sancionadores. Un diálogo al que precisamente el conseller Recoder cerró la puerta unilateralmente el pasado mes de junio. Entonces, el titular de Territorio plantó a Renfe suspendiendo la reunión que debía culminar con la firma del nuevo contrato de servicios.

Esperando la comisión mixta
Recoder argulló que, desde el traspaso de Cercanías a la Generalitat en 2009, el Gobierno sólo había realizado el 6,9 por ciento de las inversiones acordadas con el anterior gobierno catalán y que aún está pendiente modificar la ley para que la Generalitat pueda «sustituir a Renfe» como operadora del servicio.

Por su parte, Renfe apuntó que aún está a la espera, concretamente desde el pasado 4 de junio, de que el Govern convoque el órgano mixto correspondiente, marco en el que deben negociarse todos los aspectos anteriormente mencionados y, por lo tanto, donde puede establecerse el señalado «diálogo» entre la empresa y la Generalitat. Y recordó que sigue pendiente de firmarse el contrato-programa entre el titular del servicio (la Administración catalana) y la prestataria del servicio (Renfe), por lo que lo que pretende el Govern es «confundir a la opinión pública». El contrato debería haber entrado en vigor el pasado 1 de enero con efectos hasta el 31 de diciembre de 2015.
«Este bloqueo injustificado está imposibilitando que se puedan llevar a cabo las mejoras consensuadas en el servicio de Cercanías y en beneficio de los viajeros», afirmó la operadora.

Con todo, Renfe aseguró que presentará alegaciones a los expedientes sancionadores y que el Govern, a día de hoy, debe a la ferroviaria cerca de 300 millones de euros por la prestación del servicio durante todo el año 2011, parte de 2010 y de 2012 y por peticiones adicionales que también adeuda. También recordó que ha interpuesto un recurso contra las nuevas condiciones del servicios establecidas por la Generalitat y que deberían haberse negociado en le órgano mixto.