El fiscal que apoyó recusar a la juez de los ERE recurre la petición de las actas

La Fiscalía recurre la solicitud de Mercedes Alaya porque considera que la medida no es «necesaria ni proporcional» y defiende la decisión del Gobierno andaluz que «ha venido respondiendo a cuantos requerimientos» le ha hecho el juzgado. Los mismos argumentos que defienden desde la Junta de Andalucía.

La solicitud la firma el fiscal delegado, José Enrique Egocheaga, el mismo que apoyó la recusación de la instructora en el «caso Mercasevilla», origen de la actual investigación sobre los ERE fraudulentos. En aquella ocasión, una de las partes imputadas –Pilar Giraldo– recusó a Alaya porque su marido trabajó como auditor en la lonja sevillana. La investigación del juzgado se remontaba hasta septiembre de 2002 y su marido sólo hizo el trabajo de campo hasta tres meses antes de la fecha. Aún así, Anticorrupción se sumó porque la relación era «innegable» y podía «tener influencia en la debida imparcialidad de la instructora».

No se salió con la suya y la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla fue concluyente: «Son meras conjeturas o suposiciones, sin consistencia». Incluso fue más allá y acusó a la recusante de «mala fe». Ahora el fiscal se alinea con la Junta de Andalucía y comparte su estrategia. Recuerda que el Gobierno andaluz está personado en las actuaciones y que no es parte imputada «a la que se pueda presumir o pronosticar una futura actuación defensiva obstruccionista o llanamente evasiva».

También le da consejos a la juez, a la que dice que si fuera «imprescindible» adoptar alguna medida cautelar bastaría con pedirle al funcionario que custodia las actas que extreme la vigilancia. El titular de la secretaría de actas del Consejo es el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano Peña, nombrado en abril de 2009. Desde 2002 ocupaba el cargo de director general de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, donde coincidió con José Antonio Griñán.

Mientras la Fiscalía pone trabas, una de las partes personadas en la causa, el sindicato Manos Limpias, presentó ayer un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que solicita, entre otras cuestiones, una medida cautelar: que la juez pueda revisar las actas de los consejos de gobierno sin incorporarlas al sumario, a la espera de que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción decida si su petición es procedente o no. El Alto Tribunal andaluz lo ha admitido a trámite.

Las 480 actas de los consejos de gobierno desde 2001 están en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desde el pasado 7 de abril. Se encuentran en once sobres lacrados dentro de un armario blindado custodiado las 24 horas del día por la Guardia Civil y vigilado por cámaras de seguridad.

En un auto de fecha 31 de marzo, Alaya razonó su requerimiento: no sabe qué actas concretas son relevantes para la investigación y sólo incorporará, una vez analizadas, las que considere procedentes. Además, la investigación comienza en 2001, año en el que la Consejería de Empleo firmó un convenio con el IFA para abonar las prejubilaciones. Quiere conocer si se trató este asunto en las reuniones semanales del Ejecutivo, así como si se conocieron las advertencias de la Intervención General. Investiga un posible delito de prevaricación y busca saber hasta dónde llegan las responsabilidades.