Barcelona

Un millón de inmigrantes podrá votar 700000 más que en 2007

La ofensiva diplomática en distintos países, sobre todo Iberoamericanos, que el Gobierno emprendió en 2008 para negociar convenios bilaterales que favoreciesen la participación electoral de sus nacionales con residencia en España ha hecho que, por primera vez en estas elecciones municipales de mayo, no sólo podrán votar los nacionales de países de la Unión Europea y los de Noruega.

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En comparación con las anteriores municipales, las de 2007, la cifra de inmigrantes con derecho al sufragio activo ha aumentado en 715.000 personas. En total, podrán participar en estos comicios 1.045.560 inmigrantes, entre censados (465.661) y nacionalizados (579.899). En 2007 podían votar 330.000.

La cantidad ha aumentado lo suficiente como para ser significativa, ya que puede condicionar el color político de algunos destacados municipios. Pero también es cierto que es bastante inferior a la que en un principio se pronosticó y se esperaba en medios políticos. ¿El motivo? Pues que el Gobierno ha desactivado en parte, y posiblemente sin querer, sus esfuerzos diplomáticos con unos trámites de inscripción en el censo que resultan tan farragosos que han neutralizado el interés de muchos inmigrantes por participar directamente en el proceso político español.

Tasa de paro del 30%

Si a esto se suman las dificultades extraordinarias de los llegados de fuera para superar el día a día, en este colectivo la tasa de paro alcanza el 30 por ciento, no es de extrañar que prefieran perder antes el tiempo en una cola del INEM que yendo a la comisaría de Policía más cercana para cumplimentar los formularios necesarios para cumplir con la burocracia.

La población de posibles votantes inmigrantes no está distribuida homogéneamente por todo el territorio sino que se concentra mayoritariamente en Madrid y en todo el arco mediterráneo, desde Cataluña hasta la provincia de Málaga. Las estadísticas confirman que Madrid (en zonas como el corredor de Henares), Barcelona, Valencia, Alicante, Almería y Málaga son las que acumulan el mayor porcentaje de censados. Es decir, que es en ellas donde están los ayuntamientos cuyo gobierno depende de su voto, ya que pueden quitar o poner un concejal decisivo para la mayoría.

Por grupos de nacionalidades, los más participativos son los británicos, con 101.498 censados; seguidos de rumanos, 100.037; y ecuatorianos, alrededor de 80.000, entre los nacionalizados y los que se han inscrito. De las cifras globales, el reparto queda dividido al 50 por ciento entre europeos y latinoamericanos.

Todos los partidos políticos han incluido estos datos del censo en sus análisis de campaña porque todos comparten la opinión de que a nivel municipal el voto inmigrante puede llegar incluso a decidir. El secretario de Nuevas Políticas del PP, Gonzalo Robles, explicó a este diario que su partido, por ejemplo, desarrollará campañas en medios y canales específicos de este segmento poblacional, aunque su estrategia electoral y su discurso será el mismo que para los españoles, ya que tienen testado que sus preocupaciones también son las mismas: básicamente, el paro y la crisis económica.

Pros y contras

Robles ha hecho el seguimiento de las perspectivas electorales del voto inmigrante, una información que Génova tendrá en cuenta en su campaña electoral. El PSOE cree que a su favor juega su reforma para propiciar la extensión del derecho de sufragio, así como su política de regularización de la primera Legislatura. Pero en contra tiene la crisis económica y la reforma de la Ley de Extranjería.


Los municipios exigen ser parte activa en la regularización
Los municipios españoles exigen que el próximo Reglamento de la Ley de Extranjería los incluya como parte activa en las decisiones sobre los procedimientos de regularización de extranjeros y en los programas de reinserción social de los inmigrantes, ya que califican sus actuales funciones en esta materia de «precarias» debido, entre otras cosas, a la «asunción progresiva de competencias por parte de las comunidades autónomas».

En concreto, las corporaciones locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reclaman al Gobierno que les permita mantener sus competencias en la realización de informes de arraigo y sobre habitabilidad de viviendas.