El TS abre la puerta para ubicar en Los Gordales la Ciudad de la Justicia

Sevilla- El Tribunal Supremo (TS) ha desbloqueado el futuro de la construcción de la Ciudad de la Justicia después de que el pasado 29 de mayo dictara una sentencia dando la razón a la Junta de Andalucía respecto al límite de edificabilidad marcado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes en los terrenos de Los Gordales.

Según se desprende de la sentencia del TS a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Sala de lo Contencioso Administrativo desestima el recurso planteado por Patrimonio del Estado, propietario de los terrenos, y entiende que la Administración regional actuó legítimamente al calificar la parcela como «suelo urbano no consolidado» con una edificabilidad de 0,50 m2t/m2s apoyando así el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) de 2006. Dos años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó una sentencia en la que rechazaba las pretensiones de Patrimonio del Estado, por lo que éste inició un recurso de casación ante el TS que ahora ha sido desestimado. El recurso discrepaba, además de en el límite de edificabilidad, en la calificación del suelo, en cuanto a una posible «lesión» de la autonomía local del Ayuntamiento.

En este sentido, el TS entiende que la sentencia del TSJA «no se aparta de la realidad física del suelo ni se sitúa fuera de la realidad cuando afirma que el suelo del que es titular el Estado carece de las infraestructuras adecuadas para un uso distinto al que tienen en la actualidad, que es ser recinto ferial con un plazo muy breve de utilización anual, y posee además una extensión desmesurada, superior a los 500.000 metros cuadrados, que carece prácticamente de infraestructuras». Características éstas que son propias de los suelos «no consolidados», según la Ley 7/2002, por ello el TS recalca que sólo cuenta con los medios necesarios para atender «a la función urbana» de la Feria.

El PGOU pretendía crear allí «varios centros de la Universidad de Sevilla, la Ciudad de la Justicia y dar soporte a 220.890 metros cuadrados de edificabilidad de usos terciarios», dice la sentencia, que obliga al Estado a pagar las costas del proceso judicial.

La noticia fue acogida con alegría por el Ayuntamiento, puesto que según el portavoz municipal, Francisco Pérez, Urbanismo tiene ahora las «manos libres» para arrancar cualquier transformación de los terrenos. Pese a todo, Pérez, quien dijo que la decisión del TS era una victoria del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía sobre el recurso planteado «por el Gobierno de Zapatero», quiso descartar cualquier decisión municipal respecto a la ubicación allí de la Ciudad de la Justicia, ya que aún está pendiente el traslado de la Feria de Abril al Charco de la Pava. Asunto este que no ha sido resuelto por motivos técnicos y económicos. «La Feria de Abril sigue prevista allí el próximo año», dijo Pérez, que aseguró que tiene «claro» que la mejor ubicación es la del «distrito judicial» en El Prado defendido por el Gobierno municipal bajo inversión público-privada.

Por su parte, la Consejería de Justicia e Interior tachó de «positiva» la sentencia, que «despeja» el camino para ubicar el futuro complejo judicial. Sin embargo, sí mantiene que esa localización es prioritaria a la propuesta por el Ayuntamiento, pues «cumple las condiciones y responde a las necesidades planteadas para la construcción de este macroproyecto, además de ser un emplazamiento estratégico y adecuado por sus buenas comunicaciones y accesibilidad».

Los dos partidos de la oposición municipal instaron tanto al alcalde, Juan Ignacio Zoido, como al Consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, a desbloquear el proyecto. Juan Espadas (PSOE) quiere que la decisión de una ubicación u otra llegue antes de fin de año y Antonio Rodrigo Torrijos (IU) exigió que Zoido apueste por Los Gordales.

Siete consejeros para un proyecto «ciencia ficción»
La sentencia del Supremo es un punto de inflexión en las relaciones entre la Junta y el Ayuntamiento, que desde 2003 debaten el futuro de la Ciudad de la Justicia. Seis consejeros (Carmen Hermosín, María José Montero, Evangelina Naranjo, Begoña Álvarez, Luis Pizarro y Francisco Menacho) no pudieron hacerlo en época de «vacas gordas» y ahora con las arcas vacías, según Emilo De Llera es una idea propia de la «ciencia ficción».