Cuestión de Justicia

Según el último barómetro del CIS, los Tribunales de Justicia constituyen una de las instituciones que menos confianza genera, siendo superados por los diputados y el actual Gobierno; esto podría significar que los ciudadanos no confían en ninguno de los tres poderes de un Estado de Derecho. Pero a mí personalmente, más que las críticas generalizadas, muchas veces basadas en meros tópicos y juicios fáciles y apriorísticos, me preocupa más que el barómetro de marzo, se destacaba que un 82,6 % de los encuestados consideran que la justicia trata mejor a unos que a otros ciudadanos, y una alarmante mayoría de encuestados, entendía que no se cumple el artículo 14 de la Constitución, esto es, el principio de igualdad. Bien es cierto es que en este estudio de mayo, (s.e.u.o.), cuando se pregunta a qué partido se ha votado en el mes de mayo, un 35,3 había votado al PSOE y un 28,8 al PP. Esto quiere decir que las encuestas hay que leerlas en su totalidad, y con todos los datos de explotación en la mano, y este tipo de explicaciones se echan de menos. En la misma encuesta, cuando a los ciudadanos se les pregunta por cuál es el problema más importante de la sociedad, en un listado de unos treinta, la justicia lo es para un 0,8, y cuando se les pregunta por cual es el problema que más les afecta personalmente, la Justicia significa un 0,2. Por ello hay que analizarlo en términos relativos, teniendo en cuenta, que más de dos terceras partes de la población española, siguen por fortuna, sin tener una relación concreta con el sistema de Justicia. Pero lo que es evidente, es que al margen de ello, la ciudadanía española tiene una mala imagen de su sistema de justicia, y confía poco en el mismo. Nuestro sistema de Justicia es un objeto permanente de una inacabada reforma que no llega, y esto se transmite de forma permanente al ciudadano, de tal suerte, que por mucho que se invierta, el ciudadano percibe el sistema como obsoleto, sin medios y muy lento; por otro lado la Justicia es muy tributaria de casos concretos con trascendencia mediática y se percibe la respuesta como un todo, de tal manera que asuntos desgraciados como fue el asesinato de una niña, consecuencias de la ley del menor, la lenidad de nuestro Código Penal en materia de terrorismo hasta fechas recientes, o la permanente invasión del Tribunal Constitucional en las competencias del Tribunal Supremo, generan en el ciudadano un percepción muy negativa, y ello al margen de los miles y miles de asuntos, en los que la Justicia funciona con normalidad y eficacia. En cualquier caso, lo que sí parece cierto, es que estamos en un momento en el que se requiere un esfuerzo colectivo para intentar cambiar esta imagen, desarrollando de forma definitiva un proceso realmente modernizador, y poner fin a la imagen permanente de cerrado por obras. A nadie se les escapan los momentos difíciles que desde un punto de vista presupuestario le toca vivir a España, que bien nos los podíamos haber ahorrado si se hubiese iniciado un ajuste serio hace cuatro años, pero lo cierto y verdad, es que esta es la realidad al margen de sus responsables, y ello determina que la necesaria adaptación de nuestro modelo de justicia, pasa por buscar soluciones eficaces, y a la vez eficientes. Esto requiere, un necesario enfoque económico de la justicia, puesto que si bien es un derecho, el de la tuleta judicial efectuaba, ilimitable, los medios con los que se presta, si lo son, y ello obliga a aceptar este tipo de enfoque, que sé, es muy criticado. Pero también se debe tener en cuenta que en un mundo de recursos escasos, el desperdicio de los mismos es inmoral. Nuestro real problema no sólo es una falta de medios, que lo es, aunque en menor medida de lo que se cree, sino una mala asignación de los mismos a los fines que sirve la Justicia, y un permanente abuso de la demanda de la misma; esto no puede suponer establecer filtros injustos que generan desigualdad, pero sí buscar soluciones que hagan el sistema más racional, sin desperdicios.