Los jueces conservadores tildan de «fullera» la reforma del CGPJ

MADRID- La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera y de tendencia «conservadora», volvió ayer a arremeter contra el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial dado a conocer por el Ministerio de Justicia, al considerar que lo que se busca es su control político: «La fullera propuesta ministerial no sólo admite la posibilidad de que los vocales sigan siendo nombrados como hasta ahora, sino que introduce un batallón de reformas orientadas a disminuir la independencia que tendrá cada juez».

Junto a ello, critican duramente que el presidente del Consejo sea el único que vaya a tener dedicación exclusiva, mientras que los otros 20 vocales sólo tendrán un papel «testimonial o decorativo». De esta forma, el presidente, «cumplidas sus largas funciones protocolarias, la previsión asegura que podrá estar en el órgano de gobierno de los jueces y ocupar en el consejo una silla frente a una mesa de deliberación desierta, vacía y sin ninguna capacidad de actuar».

Para la APM la realidad es distinta de las intenciones que dice perseguir el proyecto de reforma, la despolitización de la Justicia, ya que el mismo «no entraña sino una mascarada que desmantela la independencia de funcionamiento del CGPJ», sin que resulte creíble que la reforma venga impulsada por el ahorro del coste salarial de los vocales, que cifra de 300 a 400 euros por vocal y mes.

Estas acusaciones fueron rechazadas de forma tajante desde el Ministerio de Justicia. Su titular, Alberto Ruiz-Gallardón, en declaraciones a LA RAZÓN, afirmó que el órgano de gobierno de los jueces no pierde, en la propuesta presentada por el Gobierno, «ni una sola competencia de las que tiene, que están establecidas en nuestra Constitución». Por tanto, afirmó, «no hay ninguna merma de competencias».

Además, el ministro de Justicia expresó su sorpresa porque la APM haya manifestado un criterio «sobre un texto que no conocen, porque a fecha de hoy no se ha trasladado a ninguna asociación el contenido del proyecto del Gobierno, como consecuencia del compromiso que tenemos de trasladarlo, con carácter previo, (a los partidos) para el debate parlamentario». Eso explica, añadió al respecto Gallardón, que se diga, por ejemplo, que se quiere trasladar al Ministerio del proceso de selección de los jueces, «cuando eso es algo que jamás ha estado en el proyecto».

En su opinión, el punto de conflicto que existe entre las asociaciones judiciales y su Departamento no es otro, en el fondo, que el recorte de sueldos: «Por encima de cualquier otra reflexión, el punto de conflicto se refiere a la consideración de si los funcionarios del Poder Judicial deben estar exentos o no de los recortes presupuestarios que se aplican al resto de los funcionarios del Estado y el criterio del Gobierno, por muy doloroso que sea, es que sea así».