El Ayuntamiento carece de potestad para bajar el sueldo en sus empresas

Las manos atadas y los bolsillos vacíos. El Ayuntamiento no puede aplicar el Decreto –que da un barniz de legalidad al «tijeretazo» del Gobierno en el sueldo de los funcionarios– en las empresas municipales, según el informe de la secretaría general. El recorte salarial, de entre el 0,06 y el 10,55%, en estos organismos hubiera supuesto un ahorro de más de seis millones.

La portavoz local, Nieves Hernández, explicó que «no se puede formalmente aplicar» la reducción en las nóminas de los alrededor de 4.000 empleados de las empresas de titularidad consistorial, las cuales han disparado la deuda municipal por las transferencias para mantenerlas a flote. La portavoz indicó que este «impedimento legal» en forma de convenio colectivo «no impide» que se solicite «un esfuerzo compartido en igual proporción al que se está haciendo en el Ayuntamiento».

Inmediatamente, Hernández rebajó este «esfuerzo» a «la medida de las posibilidades de cada empresa, según sus circunstancias» y confiando en que «todos estemos a la altura de las circunstancias». «Se abrirán diferentes posibilidades. El esfuerzo debe ser compartido», dijo Nieves Hernández, con la consigna de «reducir el gasto en los apartados que se pueda». La imposibilidad de aplicar de forma directa la Disposición Adicional Novena –el tijeretazo– abre un escenario de necesaria negociación con los sindicatos de cada ente local.

Desde CC OO, el responsable del Área de Servicios a la Ciudadanía, Juan Clemente, aseguró que «la política del sindicato es no aceptar rebaja alguna que vulnere el estatuto de los trabajadores» y calificó cualquier intento de recorte como «un acto inconstitucional». Clemente recordó que CC OO ya ha presentado un recurso contra el decreto aplicado a los funcionarios por «vulneración de los derechos fundamentales». «Donde fuercen, se encontrarán con conflictos colectivos o demandas», alertó. CC OO advierte de que «no vamos a mover ni una coma de los convenios colectivos» e invitó al Consistorio a pensar «en el personal de libre designación o los cargos duplicados para contentar al partido» para ahorrar costes o en «racionalizar el gasto».

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Sevilla, Julián Núñez, subrayó que «no vamos a entrar a negociar nada». «Se han encontrado con un muro legal y deberían haberlo pensado antes, no se puede imponer un decreto sin saber qué se va a hacer». «Instan a recortar gastos, pero ni ellos saben de dónde. Se van a encontrar un maremágnum de demandas y conflictos», abundó. En la misma línea, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos en Andalucía, Antonio Tirado, aseguró que en las empresas de la Junta «no se va a negociar nada».