y el dinosaurio sigue allí

Después de la intervención judicial en el Palacio Longoria el pasado viernes, dentro de la denominada «Operación Saga» y de la declaración ante el juez de la Audiencia Nacional de los nueve detenidos, todas las miradas se dirigieron a la propia entidad: ¿qué opina la SGAE de todo esto? La junta directiva deliberó su postura y convocó a la Prensa por la mañana. Pero el auto judicial hecho público anteayer de madrugada varió sus planes. «Vamos a posponer este encuentro hasta que hayamos valorado el auto», se disculpó Caco Senante. A primera hora de la tarde, regresó la expectación a la sede de la SGAE: Víctor Manuel, Sabino Méndez, Ernesto Caballero, Senante y Juan Ignacio Alonso se erigieron en los portavoces de la sociedad de gestión en el momento más escandaloso de su historia, un papel que durante años representó Teddy Bautista. «Hasta el día 12 de julio es el presidente del consejo de dirección, pero no puede llevar a cabo sus funciones. El poder ejecutivo está en manos de la junta directiva», aseguraron. Es decir, no lo echan, tampoco se va, pero no puede tomar ninguna decisión. «Ni piensa dimitir ni nosotros le hemos instigado a que dimita», insistió Senante. Según personas de la entidad, entre los miembros de la junta, se ha buscado «la mejor solución para darle una salida honorable» a Bautista.

«Pucherazo» sin consecuencias
Pero el gusto por el continuismo en la SGAE no termina aquí. En el auto de la Audiencia Nacional, el juez asegura que «por parte del señor Rodríguez Neri, de forma indiciaria y según se desprende de las conversaciones telefónicas, se ha dificultado en lo posible el acceso al censo de avales a la candidatura DOM, que se ha mostrado abiertamente crítica con la gestión del equipo directivo actual. Esta actitud se habría materializado presuntamente en no permitir un acceso adecuado en tiempo y forma a las listas del censo de avales», como, por otra parte, Fernández-Sastrón, miembro de esta candidatura, denunció en diversas ocasiones. A la vista del presunto «pucherazo», parecería lógico repetir las elecciones a la junta directiva celebradas el jueves pasado, un día antes del registro. «Nos sentimos completamente legitimados. La otra candidatura tuvo sus avales a tiempo. Sería una burla para los socios repetir los comicios», dijo Víctor Manuel, con lo que zanjó, por el momento, la polémica electoral. Sin embargo, Fernández-Sastrón está dispuesto a reavivarla de nuevo, ya que «vamos a pedir que se repitan las elecciones. La junta directiva no está capacitada para nombrar una comisión gestora. Todo volvería a estar viciado desde el principio», explican desde la candidatura alternativa DOM.
Así que ni van a convocar otras elecciones ni van a echar a Teddy Bautista. Entonces, ¿qué van a hacer?: «Vamos a constituir una comisión rectora que inicie una investigación interna para depurar las responsabilidades en las que se haya podido incurrir, que concluirá con un informe. Dicho informe se entregará a la Audiencia Nacional y la sociedad se personará en las actuaciones para reclamar los daños y perjuicios que pudieran haberse producido», explican. Esta comisión estará formada por cuatro autores y un editor elegidos por la propia junta directiva que «estará presidida por un director externo e independiente, de reconocido prestigio», añadieron.
Dicho director deberá aportar mucha independencia para poder «limpiar» la gestión de la SGAE, ya que las primeras críticas a esta decisión se basan en que la mitad de la actual junta directiva ya formaba parte de la anterior, que, en su momento, miró para otro lado: «Somos autores, no abogados», se disculpan.

Un botín de 8,2 millones en sólo dos años
La empresa Microgénesis, sobre la que gira la supuesta «trama parásita» apuntalada en torno a la SGAE, facturó a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), la filial digital de la SGAE, 8,29 millones en sólo dos años, de 2008 a 2009, según consta en el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, envió a prisión al supuesto «cerebro» de la trama, José Luis Rodríguez Neri. Y eso que la resolución judicial constata que entre 2009 y 2010, Microgénesis intentaba ampliar su gama de proveedores y clientes, pese a que la SDAE seguía siendo su principal fuente de ingresos. No obstante, los recortes en los ingresos provenientes de la SGAE llevaron a la sociedad a una «crítica situación financiera» que obligó a Rafael Ramos, director de Microgénesis, a buscar inversores «para vender la empresa».