Directores con más poder pero más profesionales

Las reformas que pondrá en marcha el Ministerio de Educación también pretenden aumentar por Ley la autonomía de los centros para que éstos puedan diseñar e implantar métodos pedagógicos propios. La aplicación de esta medida en otros países ha demostrado que repercute positivamente en el nivel educativo del centro. En la gestión de recursos (uso de fondos, gastos corrientes y de capital, desarrollo de la carrera profesional), por ejemplo, los centros educativos españoles toman un 17% de las decisiones de las decisiones, frente al 32% de los países de la OCDE y el 40% de la Unión Europea. Los datos de gestión de personal (contratación, despidos, condiciones laborales, promociones y salarios) todavía nos alejan más de Europa, pues los centros españoles prácticamente no tienen ninguna competencia (4%), frente a un papel más activo de los de la OCDE y la UE (31% y 39%, respectivamente).
En esa misma línea, la reforma pretende dejar claro por Ley que el equipo directivo del centro es el que toma las decisiones, relegando al consejo escolar a un órgano consultivo.

Por otra parte, el anteproyecto de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa exigirá un nuevo requisito a los directores de los centros públicos. Para ocupar el cargo será necesario acreditar que se ha superado un curso selectivo sobre el desarrollo de la función directiva. Pero a la hora de seleccionar a un aspirante a director de centro también se valorará la experiencia previa y estarán en igualdad de condiciones para optar al puesto los profesores del centro frente a otros externos. Los directores también tendrán autonomía para desarrollar acciones de calidad.

Apoyo a los colegios que educan por sexos
El anteproyecto del Gobierno regula por ley la posibilidad de que las comunidades establezcan conciertos con los centros de educación diferenciada, siempre que cumplan con los requisitos de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de la Unesco, ratificada por España en los noventa. Determina que no es discriminatorio «crear o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos». El ministro de Educación ya apuntó que «es una opción de libertad, sea minoritaria o mayoritaria, siempre y cuando se haga de forma equilibrada y no suponga una situación de ventaja o desventaja para niños y niñas».