Imputado un ex viceconsejero al conocer la «ilegalidad» de los ERE

Sevilla- La juez que instruye la trama de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, suma otra imputación entre el personal que ostentó las máximas responsabilidades en la Consejería de Empleo en la década en la que se centra la investigación (2001-2010). Con Agustín Barberá, segundo de a bordo del ex consejero Antonio Fernández, son ya 53 las personas imputadas en la trama. Entre ellos, siete altos cargos socialistas. El dinero transferido irregularmente para ERE y ayudas a empresas ronda los mil millones de euros.

En un auto fechado ayer al que tuvo acceso este periódico, Alaya, en virtud de los atestados recibidos por la Guardia Civil y de la declaración el martes del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, imputa a Barberá por «tener conocimiento, a la misma vez que el consejero de Empleo Antonio Fernández, de la falta de legalidad en los procedimientos seguidos para la concesión de ayudas sociolaborales y de ayudas directas a empresas, así como de la ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta». El ex alto cargo, en ejecución de estos procedimientos, dio, según recoge el auto, «el visto bueno a los pagos ordenados al IFA – luego Idea, la entidad pública encargada de librar el dinero– por el director general de Trabajo y Seguridad Social en los últimos años».

Agustín Barberá fue viceconsejero de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010. Es decir, coincidiendo con el periodo en el que Antonio Fernández –imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias– estuvo al frente de la Consejería. Su adscripción a los puestos directos de Empleo se remonta al año 1995, cuando fue nombrado delegado provincial en Cádiz de Trabajo, Industria y Asuntos Sociales. A Barberá lo sustituyó como viceconsejero Justo Mañas, que entró de la mano del actual consejero de Empleo, Manuel Recio, tras la segunda remodelación de gobierno que llevó a cabo el presidente de la Junta tras hacerse con la Secretaría General del PSOE.

Bajo su responsabilidad estuvo tanto el ex director general Francisco Javier Guerrero (1999-2008), en el centro del caso y el primero que habló del «fondo de reptiles» ante la Policía, como Juan Márquez Contreras, también imputado por la juez.

Guerrero ya dijo en su primera declaración ante la Guardia Civil que tanto el consejero como el viceconsejero estaban al tanto de las ayudas y de los trámites administrativos. Cada lunes –según su relato– se producía una reunión del Consejo de Dirección en el que cada centro directivo exponía lo que estaba llevando en ese momento. «Incluso algunas de las ayudas eran despachadas personalmente por el consejero y el viceconsejero», como las de Faja Pirítica, Delphi o Astilleros.

En concreto, en el ERE de Surcolor, Guerrero aseguró que Agustín Barberá «tenía conocimiento de la tramitación del expediente y de la fórmula que se estaba siguiendo para la concesión de la ayuda». La fórmula irregular se sustanciaba en que se dio la conformidad a la contratación de la póliza para los prejubilados sin trámite previo alguno, según recoge el atestado de la Guardia Civil enviado a la juez.

Barberá también formuló las alegaciones a informes de la Intervención General que alertaban de que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». El ex alto cargo esgrimió como argumento el mantenimiento de la «paz social».

Acusa a la Junta de «obstaculizar» la investigación
Alaya repite una vez más la falta de colaboración de la Junta y la obstrucción a su labor. Deja claro que no ha entregado los desplegables de ayudas de la Consejería de Innovación y de otras consejerías que pidió en el auto del 27 de enero, lo que está «entorpeciendo considerablemente la investigación». Otro desplegable de ayudas concedidas a través del IFA «no coincide en determinados extremos» con el que maneja el juzgado. Así, en un informe de la Consejería de Innovación del 22 de diciembre se hace referencia a una serie de datos «cuya comprensión resulta totalmente imposible, obstaculizándose sobremanera el estudio de la documentación y, por ende, la investigación».