La Junta en contra de que EPSA ayude a afectados por desahucios

Sevilla- El Parlamento andaluz vivió ayer una situación de controversia en materia de Vivienda, pues mientras que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, instó a los ayuntamientos a ofrecer su parque de viviendas para las personas desahuciadas, PSOE e IULV-CA rechazaron la petición del PP que pedía lo mismo pero para los inmuebles de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Administración andaluza. Este anuncio llega el mismo día que el Gobierno central aprobó una moratoria de dos años para los desalojos de las familias más pobres.

Griñán, durante su debate con el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, explicó que la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha notificado a todos los alcaldes andaluces que pongan su parque de viviendas a disposición de la Junta para realojar a los deshauciados. El presidente dijo que mientras Zoido «notificaba deshaucios» su Gobierno tenía en funcionamiento oficinas de asesoramiento para personas que han perdido su hogar. Sin embargo, los votos de PSOE e IULV-CA frenaron la moción del PP-A que pedía que se hiciera lo propio con una reorientación de EPSA y que se contemple una línea de ayudas financieras (préstamo-aval) para las familias que tienen abierto un proceso de negociación con las entidades bancarias. La respuesta que recibió de la bancada socialista fue «que la política de Vivienda del Gobierno del PP supone rescatar a la banca» y desde las filas de Izquierda Unida se le recriminó la falta de «sensibilidad» del Gobierno de Rajoy a la hora de distribuir recursos a las comunidades autónomas.

Por su parte, la consejera Cortés exigió una quita de todas las hipotecas como una salida a la «deuda perpetua» producto de esta «crisis estafa», que deriva de «leyes injustas y de gobiernos que han permanecido, y siguen, sordos, ciegos y mudos ante esta injusticia». A la par, pidió al Gobierno central que «ponga las viviendas del Sareb o «banco malo» en alquiler social para hacer efectivo el derecho a la Vivienda. El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, hizo hincapié en cambiar la Ley Hipotecaria actual y en que se fije el umbral de renta para evitar los deshaucios en 19.000 euros anuales.