El alto cargo imputado seguirá «pilotando» las acciones para aclarar el fraude de los ERE

Sevilla- ¿Se imaginan a una persona imputada en un caso de presunta corrupción dirigiendo la investigación interna para aclarar los hechos que se le imputan –a él y a otras personas–? Eso es lo que va a ocurrir en la Junta de Andalucía, al menos hasta las elecciones autonómicas del 25-M. El director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, imputado el viernes por la juez Mercedes Alaya en la «trama de los ERE», seguirá atendiendo las reclamaciones de documentación e información de la instructora para esclarecer el mal uso de los fondos públicos destinados al empleo por parte del Gobierno andaluz entre 2001 y 2010. Y será él, por ejemplo, el que le exija la devolución de cantidades indebidamente cobradas a «intrusos», cuando él firmó algunas de las autorizaciones de pago, motivo por el que la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla le ha imputado.

Pese a que Alaya reprocha en su auto «el dispendio en que habría incurrido intencionadamente la Junta de Andalucía a través de sus altos cargos», uno de ellos, el mencionado actual director general, tendrá como misión que se reintegren esas cantidades al erario público.

Tras conocerse el auto el viernes, la Junta de Andalucía apoyó públicamente la labor de Rivera. Ayer, el consejero de Empleo, Manuel Recio, fue más allá y en una comparecencia pública alabó su actuación «ejemplar» en todo el proceso y lo calificó como el «mayor colaborador» de la investigación liderada por la juez.
«Jamás podremos compartir que se le sitúe en el lado de los acusados», señaló el máximo responsable de Empleo.

El director general de Trabajo «posiblemente» recurrirá el auto de Alaya por el que se le imputa ya que asegura que todos los expedientes se tramitaron en la etapa de sus predecesores.

La interpretación de la magistrada es otra. Aunque es cierto que el origen es anterior, el mismo sistema que la juez considera «ilegal» para realizar los pagos, se siguió haciendo durante su mandato. Y ahí aparece la firma de Rivera, autorizando que se les abonen sus pólizas a dos «intrusos» de Surcolor. «No había aún indicios de irregularidad entonces», defendió Recio.

El consejero de Empleo trató así de exculpar a su alto cargo de que diera el visto bueno al pago de uno de los plazos de la póliza para 26 trabajadores de Surcolor cuando los despedidos fueron 24. Si la propia resolución señalaba que «el expediente completo de tramitación de la ayuda» estaba en poder de la dirección general de Trabajo, ¿por qué no consultó la documentación antes de librar cantidad alguna?
El director general de Trabajo imputado ha sufrido numerosas presiones desde su acceso al cargo. En su origen, los ex consejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera se quejaron en el PSOE-A por la escasa defensa de su labor que hacía Recio y su equipo cuando se descubrió el escándalo. Algunas voces críticas señalaban directamente a Rivera, que paralizó, por ejemplo, el segundo ERE de Mercasevilla.
Según ha podido constatar LA RAZÓN, mantuvo fuertes discrepancias con colectivos de prejubilados porque se negó a asumir compromisos de la anterior etapa. Con representantes del Marco de Jerez los enfrentamientos obligaron a mediar a cargos del PSOE. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que la tensión generada le llevó a apartarse momentáneamente de sus responsabilidades.

Pese a la defensa del Gobierno andaluz, su situación se torna muy compleja, ya que tendrá que colaborar en una causa de la que se le responsabiliza en parte. Tendrá que afrontar la imputación en la trama junto a sus predecesores en el cargo y también una denuncia del PP ante el Tribunal de Cuentas.

Precisamente, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, señaló que con esta decisión Recio se convierte en «cómplice», mientras que el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, apuntó que el consejero se «ha abrazado al destino de su director general».