La juez pone la lupa en las ayudas al hermano del ex presidente Borbolla

Sevilla- La juez Mercedes Alaya ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue las empresas vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del que fuera presidente de la Junta y alcalde socialista del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra durante dos décadas. Tres autos emitió ayer la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en relación con el caso de los ERE fraudulentos. Pide también a la Junta que le remita todos los expedientes de ayudas concedidas con cargo al «fondo de reptiles» –la partida 31.L–, incluidas las menores y las denegadas, tal y como reclamó la Fiscalía Anticorrupción; acuerda que la Intervención General del Estado audite las transferencias de financiación a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); y asume la investigación de los 1,3 millones de euros en ayudas fraudulentas recibidas por el que fuera chófer del ex director general de Trabajo, parte de las cuales fueron a parar a fiestas, copas y cocaína. Esta última causa ya ha sido remitida por los juzgados de Andújar (Jaén).

Ángel Rodríguez de la Borbolla se incluye dentro de la red de empresarios de la Sierra Norte sevillana que más dinero ha recibido del «fondo de reptiles». La Junta ya pidió su imputación a finales de octubre. La Consejería de Empleo le concedió más de 11 millones de euros a seis de sus empresas. Entre ellas, Corchos de Cazalla, Corchos y Tapones de Andalucía y Enoworld.

Uno de los proyectos se convirtió en un fraude sonado. Se trata de la planta de ionización de corcho en el municipio sevillano de Villanueva del Río y Minas. Iba a ser la mayor de España. A día de hoy no se ha puesto en marcha. Lo que sí recibió fue subvenciones y trato preferente de todo tipo. La Junta cedió gratis al Consistorio la finca donde se iba a ubicar la planta, que a su vez lo traspasó a tres empresas de Borbolla: Electron Service Line, Uprasa Inversiones y Enoworld. En 2005, recibió 1,2 millones del «fondo de reptiles». Un año más tarde otros 2,7 millones a fondo perdido de la agencia IDEA.

Alaya amplía, asimismo, la investigación a otras cinco empresas radicadas en la Sierra Norte de Sevilla y pone la lupa sobre las vinculadas a José Enrique Rosendo, hijo del ex alcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo, y a su persona de confianza José María Sayago, a los que también pidió la Junta que la juez los citase en calidad de imputados. Alaya ya reclamó a la Guardia Civil que abriera una línea de investigación específica sobre estos dos empresarios. Ambos tejieron un entramado societario agraciado con 13,75 millones de euros. En una de estas empresas, Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, estuvieron en nómina los hijos del ex consejero de Empleo José Antonio Viera y del parlamentario socialista José Caballos. Fue precisamente José Antonio Viera el que aprobó la inyección de parte de estas ayudas del «fondo de reptiles» al conglomerado de empresas de Rosendo, que fue también concejal en El Pedroso.

Respecto a la fórmula de la transferencia de financiación, la magistrada Mercedes Alaya acuerda una «prueba pericial contable» a cargo de la Intervención General del Estado para que analice los «procedimientos contables y la gestión» de la Agencia IDEA. La transferencia de financiación está en el centro del caso, ya que la Intervención alertó reiteradamente de que con esta figura la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del prodecimiento administrativo establecido». Fue la que acordaron en el convenio de 2001 el consejero de Empleo –José Antonio Viera– y el responsable del IFA –Antonio Fernández, también imputado–, en detrimento de la subvención excepcional. La Junta la ha usado en cinco consejerías. El desembolso a través de esta figura irregular ha sido de 4.315 millones de euros entre 2001 y 2010, el periodo que abarca la investigación.

 

Reclama documentación sobre los pagos de la Junta a los comisionistas
SEVILLA- Las comisiones que recibieron las empresas intermediarias están también en el punto de mira de la juez. Alaya requiere a la Administración autonómica que aporte «información documental» sobre el dinero que percibieron las dos empresas habituales: Vitalia y Uniter. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, aseguró recientemente que el Ejecutivo andaluz había solicitado a las aseguradoras que le notificaran el dinero que pudieron percibir los «broker» por su intermediación en los ERE. La Junta no sabe ni cuánto ha pagado. El PP sí ha estimado el porcentaje entre un 15 y un 20 por ciento, lo que equivaldría a entre 150 y 200 millones de euros. Lo que sí está claro es que la Junta ha pagado comisiones, pese a que tanto el consejero de Empleo, Manuel Recio, como la titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, lo negaron en sesión parlamentaria. Hay pruebas documentales de que el director general de Empleo imputado, Daniel Alberto Rivera, ordenó a la agencia IDEA varios pagos para la empresa intermediaria Uniter.