Rollán se defiende alegando que su delito ha prescrito

La «número dos» de Tomás Gómez y otros 13 ediles del citado Ayuntamiento –una de ellas, Esperanza Rozas, en la actualidad diputada en la Asamblea de Madrid– están imputados por la aprobación, durante un pleno municipal, una permuta de terrenos que había sido declarada ilegal en un informe del secretario del Consistorio. La Fiscalía solicitó para todos ellos la inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante un periodo de 8 años.

Ayer, la secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM) aseguró que «en ningún momento» tuvo conocimiento del informe del secretario del ayuntamiento que apuntaba que el convenio que se iba a aprobar no se ajustaba «al procedimiento del concurso». Asimismo explicó que «en el momento de votar, no tenía elemento que me llevase a dudar de la legalidad. Estaba absolutamente convencida de solucionar un problema grave de 107 familias en peligro. Si no hubiera habido informes favorables, no se hubiera realizado».

La defensa de la diputada solicitó que se considerara la prescripción del delito, cometido en 2001, para todos los imputados alegando que se debía juzgar según el Código Penal de 1995. El fiscal, personado de oficio en el caso, sin embargo aseguró que los hechos investigados están regidos por el Código penal de 2003 y que, por lo tanto, los delitos de prevaricación prescriben a los diez años y no a los cinco