Hacienda cifra la cantidad defraudada en Baleares por Urdangarín en 15 millones

MADRID- La pretensión de Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres de reconocer su culpabilidad y devolver el dinero supuestamente defraudado para intentar eludir la cárcel ha pinchado en hueso. La Fiscalía Anticorrupción, molesta por la filtración de los contactos, ha decidido suspender la reunión prevista esta misma semana con sus abogados para estudiar la propuesta. Eso no quiere decir que no se retome en el futuro, pero en estos momentos el Ministerio Público no está dispuesto a sentarse con los letrados, al entender que al hacerse pública se ha intentado añadir un elemento de «presión».

Ambos abogados, Mario Pascual Vives y Manuel González Peeters, se han apresurado a desmentir el posible pacto, pero según las fuentes jurídicas consultadas esa propuesta existió «y se produjo a instancias de ambos».

De momento, todavía se desconoce el montante exacto de las cantidades que deberían devolver al erario público por las irregularidades en sus contratos con las administraciones balear y valenciana. La Fiscalía cifró en un primer momento en 5,8 millones las cantidades que habría recibido de los dos Gobiernos autonómicos entre 2004 y 2007. Ahora es la Agencia Tributaria la encargada de, facturas en mano, constatar los servicios realmente prestados y las cantidades abonadas realmente abonadas a los proveedores por las empresas de la trama para determinar el dinero que habrían defraudado Urdangarín y su entonces socio.
Falta un informe tributario
Por el momento, fuentes de la investigación confirmaron a LA RAZÓN que Hacienda ya se ha pronunciado respecto a los dos convenios firmados, en julio de 2005 y septiembre de 2007, con el Ejecutivo de Jaume Matas para la organización de sendos foros sobre turismo y deporte en la capital balear. Según indican esas mismas fuentes, las investigaciones de la Agencia Tributaria han concluido que el dinero que supuestamente se habría quedado indebidamente el duque de Palma y Torres por estos conceptos oscilaría «entre 1,2 y 1,5 millones de euros».

 A eso habría que añadir las cantidades que habrían distraído de las arcas públicas en la Comunidad Valenciana, donde contrataron con la Fundación Turismo Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Tres cumbres entre 2004 y 2006 que, según la Fiscalía Anticorrupción, habrían supuesto para el Instituto Nóos unos ingresos de entre 3,1 y 3,5 millones de euros. En este caso, el fiscal Pedro Horrach está a la espera de recibir el informe de Hacienda en el que se estipulen las cantidades supuestamente defraudadas una vez descontadas las facturas pagadas por Nóos que sí se correspondan con servicios efectivamente prestados.
Urdangarín y Torres habrían obtenido otros 4,5 millones procedentes de empresas privadas, pero esos contratos no son objeto de investigación en este procedimiento.

Fuentes del caso descartan que el cambio de estrategia de los dos antiguos socios (que buscan ahora un pacto con la Fiscalía para rebajar la petición de condena y evitar la cárcel) les libre de sentarse en el banquillo. «El juicio se celebrará segurísimo –insisten–, no hay posibilidad de evitarlo, aun en el caso de que todas las acusaciones llegasen a un acuerdo sobre la conformidad, pues para eso deberían conformarse con el relato de los hechos todos los imputados, y Jaume Matas, desde luego, no lo va a hacer».

Esas mismas fuentes añaden que no está dicha la última palabra respecto a las negociaciones pese a que la Fiscalía haya cerrado ahora la puerta. «Si quieren llegar a un acuerdo, volverán a intentarlo», aseguran sin dudar.

Horas después de que el abogado de Torres negara cualquier pacto con la Fiscalía, ayer fue la defensa de Urdangarín la encargada de secundarle. Pascual Vives desmintió a Efe haber mantenido con Anticorrupción contacto alguno «ni formal ni informal» para alcanzar un acuerdo.

LA LUPA
Gallardón confía en llegar «hasta el final»
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dejó claro ayer que las fiscalías tienen como premisa principal de su labor llevar «hasta el final» las investigaciones de delitos, y no será el «caso Nóos» una excepción en este sentido. Además, el titular de Justicia subrayó que el Estado de Derecho supone la «igualdad de todos ante la Ley». Gallardón explicó que los fiscales tienen autonomía plena para actuar, «en todos los casos» y, como no podría ser de otro modo, agregó, «en éste que nos ocupa». «Ningún hecho puede dejar de ser investigado por la Fiscalía y puesto en conocimiento del juez para su valoración», apuntó.

Bauzá valora que devuelva lo defraudado
El presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, valoró esta misma semana la posibilidad de que cualquier persona que haya defraudado devuelva a las arcas públicas «aquel dinero que se haya podido embolsar». Bauzá, que respondía así a una pregunta sobre el posible pacto de Iñaki Urdangarín y Diego Torres con la Fiscalía para eludir la cárcel, apuntó que «no tiene que haber diferencias entre unos y otros», y si el hecho es consumado «se tiene que devolver» lo que se haya defraudado. De esta manera, opinó, todos los ciudadanos «al final tendremos algo que era nuestro y que alguien se ha llevado». Eso sí, el presidente balear no quiso entrar en detalles sobre si consideraría esa devolución del dinero defraudado suficiente para que Urdangarín eludiera la prisión.