El Gobierno murciano inviste al docente de autoridad con una ley

MURCIA- El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó, en su sesión de ayer, el proyecto de Ley de Autoridad Docente, que será remitido a la Asamblea Regional para su tramitación. En virtud de dicha ley, se garantiza la asistencia jurídica en caso necesario y la presunción de veracidad de los hechos que éstos constaten, una figura que «solo tienen reconocida las personas que están investidas de autoridad».

Así lo anunció el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, quien destacó que los profesores pasarán a ser considerados como «autoridad» pública docente, siendo ésta la protección jurídica que se les otorgará. Al mismo tiempo se contempla que de los daños que se ocasionen en los centros se hará cargo la familia del alumno en cuestión, que deberá pagarlos si así se estima, subrayó Sotoca.

El objetivo de este anteproyecto de ley, compartido con la comunidad educativa en los diversos foros de participación establecidos, es «reforzar el papel social del docente ante esa comunidad, es decir, hacer valer su figura como parte esencial en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlos, así como establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución». La norma cuenta con el visto bueno del Consejo Jurídico y ha participado en foros como el Consejo Escolar de la Región de Murcia, la Mesa Sectorial de Educación y la Comisión de Directores. Así, el texto legal propone su aplicación en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Región que imparten enseñanzas no regladas no universitarias, recogidas en la Ley Orgánica de Educación, y se extendería tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.

En virtud de la misma, «se amplía ese reconocimiento y dignificación y también tiene la parte de protección jurídica, garantizando su defensa y su presunción de veracidad, es decir, que no hará falta probar los hechos», señaló el consejero. Además, lo que se persigue con esta normativa, según manifestó el propio consejero de Educación, es que exista una responsabilidad de la reparación de lo dañado por el alumno a causa de una actitud negligente.

Por su parte, el sindicato Anpe Murcia valoró positivamente el apoyo que va a suponer la Ley de Autoridad Docente para el trabajo diario de los profesores murcianos, argumentando, en este sentido, que «debe encontrar el término medio entre el autoritarismo que conocieron las generaciones anteriores y la actual tendencia a la relajación total, para que la permisividad sin control no degenere en impunidad». El sindicato, que espera que su aprobación definitiva sea «antes de Navidad», consideró que «debe otorgar a los profesores la presunción de veracidad frente a cualquier agresión injustificada que dificulte su labor y menoscabe su dignidad, proporcionándole los instrumentos necesarios para conseguir la disciplina que requiere la convivencia y el trabajo en las aulas». «Pero la Ley no debe limitarse a articular una mejor protección legal para el profesor en el ejercicio de sus funciones, sino que necesita medios y compromiso social para recuperar el reconocimiento de su autoridad pedagógica y moral», incidió. En opinión de Anpe, «Necesita articular también otro tipo de medidas que deje en manos de los profesores las decisiones académicas y que dé cauce a más formación».