«Prohibir el crucifijo pone en peligro la libertad religiosa»

Madrid- El próximo 30 de junio se conocerá la revisión sobre la sentencia que dictó en 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la presencia de los crucifijos en las aulas. El Tribunal de Estrasburgo declaró en su día que la exhibición de estos símbolos cristianos en las paredes viola el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones y, además, viola el derecho de los padres a educar a sus hijos.En España, la Conferencia Episcopal se ha mostrado a favor de que los crucifijos permanezcan en las aulas, sumándose a otras 22 Conferencias Episcopales europeas y 11 Estados que se personarán en el recurso. El portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, presentó ayer, tras la reunión de la Comisión Permanente de los obispos, una declaración sobre la exposición de los símbolos religiosos en Europa. En ella los obispos españoles declaran que esta actitud cierra «el camino del futuro» a las sociedades y piden que los crucifijos se mantengan en las escuelas para transmitir ideas y valores.

Separación Iglesia y Estado«Gracias precisamente al cristianismo, Europa ha sabido afirmar la autonomía de los campos espiritual y temporal y abrirse al principio de la libertad religiosa, respetando tanto los derechos de los creyentes como de los no creyentes», remite la declaración. Martínez Camino quiso dejar claro que «si se mantiene esta sentencia que prohíbe el crucifijo será una cuestión grave», ya que hay «que pensar bien en cómo se concibe la justa neutralidad del Estado, que no es sujeto de fe ni puede imponer ninguna fe», tampoco es «autoridad religiosa» lo que debe hacer es «tutelar la libertad religiosa». Con la frase célebre «Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» recordó la antigüedad que tiene esta distinción.El Episcopado español recuerda que la presencia de símbolos cristianos en la vida pública y, en concreto del crucifijo, «refleja el sentimiento de los cristianos de todas las confesiones y no pretende excluir a nadie». Al contrario, es expresión de una tradición a la que todos reconocen un gran valor y un gran papel como sostén para los que sufren, sin distinción de fe, raza o nación», reconocen.«Eliminar símbolos es segar la hierba bajo los pies de nuestra propia cultura y valores», así señaló Martínez Camino que la polémica no sólo afecta a la libertad religiosa sino que también afecta a nuestras tradiciones y culturas. La exhibición de símbolos cristianos en espacios públicos «no es una imposición, sino un símbolo de la raíz de nuestra cultura».«Nuestra cultura tiene ese matiz, queramos o no», añadió el portavoz, al tiempo que señaló que existen un gran número de no creyentes «que se confiesan culturalmente cristianos». Además, consideró que «ese vacío de símbolos será sustituido por otros», «como los del agnosticismo, el ateísmo, u otras creencias religiosas con otros valores», algo que el Estado no puede imponer.Otro peligro que consideró Camino «si se sigue la línea prohibicionista», es el de «concebir la religión como algo privado, que no puede aparecer en el ámbito público. Esto es totalmente contrario a una visión justa y positiva de la libertad religiosa», afirmó.

El caso italianoEl caso conocido como «Lautzi», se originó tras la denuncia de una madre finlandesa, y residente en Italia, que pidió la retirada del crucifijo en el colegio público en el que estudiaban sus hijos. Ante la negativa del colegio, la mujer lo denunció ante los tribunales italianos en los que nunca encontró éxito, hasta que lo presentó en Estrasburgo. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos exigió a Italia en marzo de 2009 que retirara la cruz de los colegios. Los italianos pidieron la revisión de la sentencia, que en caso de no aceptarse, el Gobierno de Berlusconi dispondrá de tres meses para retirar los crucifijos de las aulas. Esto mismo podría ocurrir en el resto de países europeos, ya que este fallo, aplicable ahora sólo a Italia, sienta un precedente que en el futuro puede ser extrapolable a las otras naciones europeas si sus ciudadanos presentan demandas como la de Soile Lautsi.