Tratamiento de choque

El ajuste anunciado ayer por el presidente del Gobierno en el Congreso supone el más enérgico tratamiento de choque al que se hayan sometido las cuentas públicas desde hace décadas. Su alcance y profundidad no dejan lugar a dudas: Rajoy está firmemente decidido a cuadrar las cifras y a cumplir con la palabra dada a los socios europeos, por más que no le gusten las decisiones que ha de tomar para lograrlo. ¿Era absolutamente necesario un plan tan riguroso? Sería de estúpidos que, pudiendo haber otras alternativas menos onerosas para el contribuyente y menos costosas políticamente, hubiera optado por las más sacrificadas. El deterioro de la economía española en los últimos meses, el creciente y persistente acoso de los mercados financieros, el afloramiento de nuevas debilidades del sistema bancario y las exigencias añadidas de la UE para aprobar las ayudas crediticias han conformado un cóctel altamente explosivo ante el cual sólo cabía reaccionar con la contundencia de Mariano Rajoy. De no actuar así, nuestro país estaría condenado a ser intervenido y, de manera inexorable, a ser gestionado de manera mucho más rigurosa y despiadada por los inspectores enviados desde Bruselas. Entre caminar hacia ese horizonte o que las riendas las sujete un Gobierno que ganó las elecciones por mayoría absoluta hace medio año o que la gobiernen, el ciudadano no debe tener la menor duda. Es de irresponsables o de populistas demagogos afirmar que los recortes sólo obedecen a motivos ideológicos; serán dolorosos y tendrán indeseables efectos secundarios, pero son la condición primera para salir de la UVI. No hay cura sin operación. En este caso, la intervención quirúrgica debe aportar un ahorro de 65.000 millones de euros de aquí a 2014, de modo que en ese año el déficit fiscal no supere el 3% pactado. Para ello, Mariano Rajoy ha optado por incrementar los ingresos mediante la subida del IVA en tres puntos y de otros impuestos, y por rebajar el gasto público reduciendo la masa salarial de los funcionarios, sector sobre el que recae el mayor compromiso de austeridad, sin duda debido a su dependencia directa de los fondos públicos. En cuanto a las demás medidas, nada se puede objetar a la reducción de la estructura local, demasiado burocratizada y costosa, ni al recorte de subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales. Causa estupor enterarse de que hay muchos más liberados sindicales de los que establece la Ley, en un país con cinco millones de parados y tres millones y mediode funcionarios. Es toda una metáfora de lo que han sido los últimos ocho años de Gobierno socialista: subvenciones a caño abierto, gasto desbocado y colocaciones a dedo con derecho a plaza. Un desastre que ahora pasa factura y demanda enormes sacrificios a los ciudadanos.