La Junta prevé un ajuste del Estatuto andaluz si el TC no avala el catalán

La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, alertó ayer de los «efectos colaterales» que podrá sufrir el Estatuto de Autonomía andaluz con la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional sobre el texto estatutario catalán y señaló que, si el tribunal declarase inconstitucional el contenido que ambos estatutos comparten, Andalucía se verá obligada a hacer un «ajuste» en la interpretación de sus artículos.Moreno actualizó de este modo el órdago lanzado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el 10 de diciembre del año pasado. En una sesión de control al Ejecutivo andaluz en el Parlamento, reconoció que hay artículos «iguales» al texto catalán y se preguntó «cuántos artículos del Estatuto andaluz serán ilegales». Esta posición busca, lógicamente, poner en un brete al Partido Popular, ya que, por un lado, esta formación se sumó al acuerdo del Estatuto andaluz y, por otro, el PP nacional presentó en agosto de 2006 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el «Estatut», al que se sumaron otras instituciones como el Defensor del Pueblo. No obstante, lo que ha sostenido el Partido Popular en todo este tiempo es que ambos textos no tienen nada que ver. De hecho, Javier Arenas ha asegurado en numerosas ocasiones que la contribución de su partido fue decisiva para hacer constitucional el articulado andaluz, con el cambio de 150 artículos.Moreno abunda, sin embargo, en el camino abierto por el presidente andaluz y arrima el hombro a la causa del «Estatut». «Cuando el Tribunal Constitucional dicte sentencia habrá un impacto», abundó Moreno, que indicó que, pese a que el andaluz no está recurrido «de manera masiva» como el catalán, la decisión del Alto Tribunal tendrá consecuencias para la ley andaluza, ya que «bien avalará, como esperamos, la constitucionalidad o nos obligará a hacer un ajuste estatutario en lo que nos afecte».Por ese motivo, la consejera explicó que Andalucía «no es ajena» al debate sobre la inconstitu-cionalidad o no del Estatut y la reforma del Tribunal Constitucional y señaló que, sin negar la legitimidad que el actual tribunal tiene, Andalucía comparte la idea del presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, de que es necesario desbloquear la renovación del órgano judicial, y la «lógica democrática» de que las leyes, que ya han ordenado su renovación, se cumplan.Durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que se celebra en el Senado, la consejera andaluza manifestó, además, que no considera que este asunto sea «ajeno a la realidad de la gente» y acusó al PP de «haber abusado» para «convertir el debate autonómico en una prioridad colectiva de la agenda política española» y, ahora, «minusvalorarlo».Además, Moreno contrapuso la actuación del PP en los estatutos andaluz y el catalán. Ambos textos comparten –dijo– un buen número de artículos de similar o igual contenido. «Espero que ningún partido se atribuya la capacidad de expedir los títulos de constitucionalidad con criterios tan arbitrarios». «Para el PP la Constitución parece distinta según se lea en catalán o con acento andaluz y eso es poco serio», insistió la consejera, para quien el discurso «anticatalán que estimula de forma recurrente la derecha es injusto, demagógico y estridente».

Diferencias notables entre ambos textosEl Tribunal Constitucional analiza la legalidad de más de un centenar de artículos que podrían no ajustarse a la Carta Magna. El Estatuto catalán entró en vigor el 8 de agosto de 2006 y el andaluz el 20 de marzo del año siguiente. Hay partes de ambos textos que son iguales, pero otros puntos polémicos que difieren de forma sustancial.QEl término nación es uno de los más importantes. Aparece en el preámbulo del Estatuto catalán, mientras que en Andalucía, que un principio se barajó esta fórmula por la petición del PA, se optó por una fórmula mucho más descafeinada: «realidad nacional», en virtud del Manifiesto firmado en Córdoba en 1919.QEl Consejo de Garantías Estatutarias sólo existe en el caso catalán. Se trata de un Tribunal Constitucional propio que se encarga de decidir si las leyes catalanas se ajustan o no a la Constitución y si las normas que salen del Parlamento nacional se adaptan a las del nuevo «Estatut». Es uno de los puntos más polémicos.