Griñán sin dinero pide al Gobierno que pague las inversiones sin ejecutar

En la práctica, es una reclamación vacía. Es cierto que el Estatuto andaluz recoge esa exigencia en cuanto a las inversiones que el Estado debe hacer en la región. Así lo ha hecho el Ejecutivo central desde los Presupuestos Generales de 2008. El problema surge cuando hay que ejecutar lo que se contempla sobre el papel. No se ha cumplido. Según datos ofrecidos por el PP, en 2008 se dejaron de invertir 478 millones, cantidad que ascendió a 1.719 en 2009. En total, 2.197 millones de euros, sin contar lo que se dejó de invertir pese a que estaba presupuestado en 2010 y en lo que va de 2011.

En los vigentes PGE, Andalucía consiguió «blindar» estas inversiones, una persistente reclamación del PP-A. Cataluña, Baleares y Castilla y León ya lo tenían. La región se sumó a este grupo, para el que las cuentas públicas destinan 950 millones para compensar posibles incumplimientos de inversión. La cantidad resulta insuficiente para cubrir el déficit de ejecución presupuestaria.

Además, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha matizado esta obligación asumida por el Estado ya que apuntó que éste «no debe dotar necesariamente una concreta partida presupuestaria si no se ha alcanzado al efecto acuerdo con la comunidad autónoma en el seno de la comisión mixta». Eso es lo que reclamó ayer el presidente del Ejecutivo andaluz: un acuerdo en la próxima comisión mixta de transferencias que se celebrará en septiembre. Hay un precedente: Cataluña recibió 800 millones de euros en 2009 por este concepto –fue antes de las elecciones, con el tripartito aún en el poder y sin la sentencia del TC–.

Griñán, tras la reunión, aseguró que se revisará la ejecución presupuestaria de los últimos cinco años. Esta solicitud se realiza cuando el Gobierno central reclama más de 6.000 millones de euros a la Junta de Andalucía en concepto de los adelantos entregados a cuenta por el sistema de financiación autonómica. Una cifra que está en disputa porque el Gobierno andaluz la reduce a 3.500 millones. Esta es una de las vías abiertas para reducir esa cantidad.

La otra que anunció Griñán fue el traspaso a la Junta de Andalucía de inmuebles de la Seguridad Social, cuya titularidad, no así la gestión, sigue siendo estatal. Es el caso del hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Tampoco esta iniciativa es nueva, ya que el traspaso de edificios de la Tesorería de la Seguridad Social a comunidades autónomas fue abordado recientemente en un comisión bilateral con Cataluña, que podría recibir unos 150, según los cálculos del Gobierno catalán.